El Tribunal Supremo ha emitido una nueva providencia que obliga al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a presentar informes conjuntos sobre la situación de los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo. Esta decisión se produce en un contexto donde la atención a estos menores ha sido objeto de creciente atención y preocupación, tanto a nivel local como nacional. La providencia, firmada por los magistrados Carlos Lesmes, Fernando Román García y Ángeles Huet, establece que ambos gobiernos deben remitir un informe cada 15 días, detallando los avances en la atención y protección de estos menores.
La exigencia de un informe conjunto surge tras la constatación de que, en ocasiones anteriores, ambos gobiernos habían presentado sus informes de manera separada. La nueva directiva del Supremo busca garantizar una mayor coordinación y colaboración entre las administraciones, lo que podría resultar en una atención más efectiva para los menores que buscan protección internacional. La providencia también subraya la importancia de que los informes incluyan información sobre el acceso de estos menores al Sistema de Protección Internacional y los derechos que les asisten.
### Avances en la atención a menores migrantes
Recientemente, el Estado ha dado de alta a 827 menores migrantes no acompañados en el Sistema de Protección Internacional. Sin embargo, la situación sigue siendo compleja, ya que muchos de estos menores permanecen en centros de acogida en las islas. Según datos proporcionados por el Gobierno de Canarias, hay casi 1.200 asilados reconocidos, lo que indica que la cifra de menores en situación de vulnerabilidad es aún mayor de lo que se había reportado inicialmente.
El pasado martes, en una reunión telemática, se acordó habilitar 250 plazas de «tránsito» en el antiguo acuartelamiento Canarias50, ubicado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Este centro temporal de acogida está destinado a migrantes adultos, y se han establecido áreas separadas para mujeres y familias. Además, el Estado ha ofrecido otras 400 plazas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania, ubicado en Pozuelo, Madrid. Estas plazas son temporales y están destinadas a realizar entrevistas a los menores para determinar su futuro en el sistema de acogida.
La creación de un comité interadministrativo hace dos semanas ha sido un paso positivo hacia la mejora de la situación. Este comité tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para abordar de manera más efectiva la atención a los menores migrantes. Las sesiones de este comité se están grabando y se están remitiendo al Tribunal Supremo, lo que demuestra un esfuerzo por mantener la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso.
### Responsabilidades y medidas coercitivas
La providencia del Tribunal Supremo también establece que ambos gobiernos deben identificar a los responsables de cumplir con las medidas acordadas en cada uno de los ministerios involucrados, incluyendo los de Migraciones, Infancia e Interior. Esta identificación es crucial para asegurar que las medidas se implementen de manera efectiva y que haya un seguimiento adecuado de los avances.
El Supremo ha dejado claro que, de no cumplirse con la entrega de los informes conjuntos, se podrían adoptar medidas coercitivas, incluyendo posibles multas. Esta advertencia subraya la seriedad con la que el Tribunal está abordando la situación de los menores migrantes y la necesidad de que ambos gobiernos trabajen en conjunto para garantizar sus derechos y bienestar.
La situación de los menores migrantes no acompañados es un tema delicado y complejo que requiere una atención constante y coordinada. La exigencia de informes conjuntos por parte del Tribunal Supremo es un paso importante hacia la mejora de la atención y protección de estos menores, quienes a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema. La colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias será fundamental para abordar los desafíos que enfrentan estos menores y para garantizar que se respeten sus derechos en todo momento.
