El Gobierno de Canarias ha decidido tomar la iniciativa ante la falta de atención a sus necesidades específicas por parte del Gobierno central. En un contexto de creciente frustración política, el presidente Fernando Clavijo ha anunciado la creación de un borrador de decreto ley que busca abordar de manera directa las «asignaturas pendientes» que el Estado tiene con el archipiélago. Este decreto, conocido como el ‘decreto ómnibus canario’, se enviará a Madrid para su aprobación, con la esperanza de que se convierta en una herramienta efectiva para resolver problemas críticos que afectan a la comunidad autónoma.
### Un enfoque centrado en las necesidades canarias
El nuevo decreto se centrará en varios aspectos cruciales que han sido objeto de discusión durante años. Uno de los puntos más destacados es la utilización del remanente de Tesorería de Canarias, que asciende a 500 millones de euros. Este monto se destinará a tres áreas principales: la atención a los menores migrantes que se encuentran en las islas, el refuerzo del sistema eléctrico para evitar apagones y la reconstrucción de La Palma, que aún se recupera de los efectos devastadores de la erupción volcánica de 2021.
En cuanto a la migración, el Gobierno regional ha subrayado la necesidad de financiar los gastos relacionados con la atención a los menores migrantes. Se estima que el coste anual para el Gobierno de Canarias es de aproximadamente 200 millones de euros, una carga que se ha vuelto insostenible y que ha llevado a la administración a buscar soluciones más efectivas.
Por otro lado, el sector energético también se beneficiará de este remanente. Las medidas propuestas incluyen la instalación de generadores portátiles y la creación de centrales flotantes en islas como Lanzarote y Fuerteventura, con el objetivo de mejorar la capacidad de almacenamiento eléctrico y reducir el riesgo de apagones, un problema recurrente en el archipiélago.
Finalmente, la reconstrucción de La Palma es una prioridad que no puede ser ignorada. El decreto contempla la asignación de recursos para la recuperación de la isla, que aún enfrenta desafíos significativos tras la erupción volcánica. Aunque inicialmente se había considerado la posibilidad de destinar parte del remanente a la construcción de viviendas para abordar la crisis habitacional, esta opción ha sido descartada debido a la preocupación de que otros grupos parlamentarios no apoyen esta medida.
### La lucha por el reconocimiento de derechos
El Gobierno de Canarias también está buscando el reconocimiento de derechos que han sido postergados. Uno de los aspectos más relevantes es la bonificación del 60% en el IRPF para los residentes de La Palma, una medida que, aunque se ha prometido desde el Estado, aún no se ha formalizado en ningún documento oficial. Esta bonificación es vista como un paso necesario para ayudar a los ciudadanos que han sido afectados por la crisis económica y social derivada de la erupción volcánica.
Además, el decreto abordará la necesidad de dotar de fondos al convenio de obras hidráulicas, que actualmente enfrenta un déficit de 900 millones de euros. Los 20 millones que se reciben anualmente en forma de subvención son considerados insuficientes para cubrir las necesidades reales de la infraestructura hidráulica en las islas.
El Gobierno regional también está reclamando 25 millones de euros adicionales del Posei, que son fundamentales para el sector primario de las islas y que no han sido abonados por el Estado en los años 2023, 2024 y 2025. Esta situación ha generado una creciente preocupación entre los agricultores y pescadores, quienes dependen de estos fondos para mantener sus actividades.
El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha enfatizado que el Ejecutivo regional no busca confrontación con el Estado, sino que simplemente desea que se reconozcan y se resuelvan las necesidades de Canarias de manera justa. La estrategia del Gobierno de Canarias es clara: llevar estos asuntos a la agenda nacional y buscar el apoyo de las diferentes fuerzas políticas para que el ‘decreto ómnibus canario’ sea aprobado lo más pronto posible.
A medida que el Gobierno de Canarias avanza en la elaboración de este decreto, la expectativa es que se logren los apoyos necesarios en el Congreso para que las medidas propuestas se implementen de manera efectiva. La situación actual requiere una respuesta rápida y coordinada, y el Gobierno regional está decidido a hacer valer sus derechos y necesidades ante el Gobierno central.
