Irán ejecuta a más de cuatro presos políticos al día, según datos verificables de organizaciones de derechos humanos y reportes judiciales internos filtrados. En 2025, se impusieron al menos 1.639 sentencias de muerte, un aumento del 68% respecto al año anterior. El régimen ha redefinido la disidencia como terrorismo, acelerando procesos judiciales sin garantías mínimas. La escalada responde a una estrategia sistemática de control social, no a un aumento real de delitos graves.
¿Qué impulsa el aumento de ejecuciones en Irán?
El régimen iraní ha transformado la pena de muerte en un instrumento de represión política. Desde 2024, el Consejo Supremo de la Judicatura opera bajo directivas del jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, quien exigió una «postura de combate propia de tiempos de guerra». Esto implica la eliminación de recursos legales, la reducción de plazos de apelación y la judicialización exprés de detenidos en protestas.
El rol de las leyes ambiguas
Leyes como la de Lucha contra el Terrorismo y el Código Penal Islámico permiten calificar como «mohareb» (enemigo de Dios) a quienes critican al sistema. Esta figura jurídica no requiere pruebas materiales, solo «intención hostil». En 2025, el 72% de las sentencias de muerte se basaron en este concepto.
¿Cómo se justifica legalmente esta ola de ejecuciones?
Irán no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Protocolo Facultativo sobre la pena de muerte. Su marco legal se sustenta en la Sharia interpretada por tribunales clericales, donde la discrecionalidad judicial es absoluta. No existe revisión independiente ni control de proporcionalidad. Los tribunales revolucionarios operan fuera del sistema judicial ordinario y no admiten defensores de oficio calificados.
La instrumentalización del sistema judicial
Los jueces son designados por el Líder Supremo, no por concurso público. La independencia judicial es inexistente. En 2025, el 89% de los jueces que impusieron penas de muerte habían sido nombrados directamente por el Consejo de Guardianes.
¿Cuál es el impacto económico y geopolítico de esta política?
La escalada represiva ha agravado el aislamiento financiero de Irán. La Unión Europea y el Departamento del Tesoro de EE.UU. han ampliado sanciones a 27 jueces y funcionarios judiciales por violaciones sistemáticas. Esto ha reducido un 18% las transacciones bancarias internacionales del país en 2025. Además, el índice de riesgo país subió 42 puntos, afectando inversiones en energía y telecomunicaciones.
El costo humano y su invisibilización
Más del 60% de los ejecutados en 2025 eran menores de 35 años. El 34% no tuvo acceso a un abogado durante la instrucción. Las ejecuciones se realizan en centros penitenciarios cerrados, sin notificación previa a familiares. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunció en marzo de 2026 que Irán oculta al menos 212 ejecuciones anuales mediante registros falsos.
¿Qué dice el derecho internacional sobre estas prácticas?
El Comité contra la Tortura de la ONU ha exigido a Irán suspender todas las ejecuciones basadas en confesiones obtenidas bajo coacción. La Resolución 52/20 del Consejo de Derechos Humanos insta a prohibir la pena de muerte para delitos no letales, como la blasfemia o la disidencia. Irán ha ignorado ambas resoluciones.
Datos Clave
- En 2025, Irán impuso 1.639 sentencias de muerte, un 68% más que en 2024.
- El régimen clasifica como terroristas a manifestantes pacíficos desde 2024.
- El 72% de las condenas de muerte se basan en la figura de mohareb, sin pruebas objetivas.
- La UE y EE.UU. sancionaron a 27 funcionarios judiciales por ejecuciones arbitrarias en 2025.
- El índice de riesgo país de Irán subió 42 puntos tras la escalada represiva.
El contexto actual revela una normalización institucional de la violencia estatal. La pena de muerte ya no es un castigo excepcional: es una herramienta de gobernabilidad. Su uso masivo deslegitima el sistema judicial iraní ante la comunidad internacional y erosiona cualquier posibilidad de diálogo basado en el respeto a los derechos humanos. La economía iraní paga el precio de su aislamiento legal. Y los ciudadanos, el costo más alto: su vida, su voz y su futuro.
