Una persona fue detenida por cruzar de forma reiterada la Avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria. La acción puso en riesgo a conductores y pasajeros. La Policía Local actuó tras múltiples avisos ciudadanos. El caso refleja tensiones reales entre movilidad urbana, infraestructura vial y cumplimiento normativo. No es un incidente aislado: en 2025, el Ayuntamiento registró un 12 % más de infracciones relacionadas con cruces indebidos en vías rápidas.
¿Por qué cruzar la Avenida Marítima es una infracción grave?
La Avenida Marítima es una autovía urbana con límite de velocidad de 70 km/h y tráfico continuo. Cruzarla fuera de pasos regulados viola el Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003). El artículo 61.2 prohíbe expresamente el cruce de vías interurbanas o autovías por peatones, salvo en zonas señalizadas.
La detención no se basó solo en el acto físico, sino en la reiteración y el riesgo objetivo generado. Los agentes constataron al menos tres intentos en menos de 90 minutos. Cada uno provocó frenazos bruscos y desviaciones de vehículos.
¿Qué sanciones aplica la ley?
- Multa de hasta 200 euros por infracción leve.
- Hasta 500 euros si se acredita peligro para la circulación.
- Posible denuncia penal si se produce un accidente con daños.
¿Qué infraestructura vial existe en la zona?
La Avenida Marítima carece de pasos peatonales en varios tramos clave. Entre el puente de La Isleta y el acceso al Muelle de La Luz, hay 2,3 km sin pasos subterráneos, pasarelas ni semáforos peatonales. Esto genera conductas de riesgo, especialmente entre trabajadores y residentes de barrios como La Isleta o el barrio de San Cristóbal.
El Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS) 2023–2030 reconoce esta brecha. Sin embargo, solo el 38 % de las 17 actuaciones previstas para mejorar la accesibilidad peatonal en zonas de alta velocidad se han ejecutado hasta junio de 2026.
¿Quién es responsable de la señalización y los pasos seguros?
- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestiona la vía y su señalización.
- La Dirección General de Tráfico (DGT) supervisa el cumplimiento normativo.
- La Consejería de Obras Públicas de Canarias financia mejoras estructurales.
La falta de coordinación entre estas administraciones retrasa soluciones efectivas.
¿Cuál es el impacto económico de estas infracciones?
Cada accidente peatonal en vía rápida cuesta al sistema público entre 45.000 y 120.000 euros, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En Gran Canaria, los siniestros con peatones en vías rápidas aumentaron un 9,4 % en 2025. El 63 % ocurrió en tramos sin pasos seguros.
Además, las multas por cruces indebidos generan ingresos fiscales limitados: apenas 1,2 millones de euros anuales en toda Canarias. Ese monto representa menos del 0,03 % del presupuesto municipal destinado a movilidad.
¿Qué dice la jurisprudencia?
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado en cinco sentencias desde 2022 que la falta de infraestructura segura no exime al peatón de responsabilidad, pero sí atenúa la sanción si se demuestra que no existía alternativa razonable. En el caso de la Avenida Marítima, la defensa podría alegar esta circunstancia.
¿Qué medidas preventivas se están aplicando?
La Policía Local ha intensificado los controles en horarios de mayor flujo peatonal: entre las 7:00 y las 9:00 horas, y de 13:30 a 15:00 horas. También se han instalado carteles informativos con QR que redirigen a la app municipal de denuncias anónimas.
Sin embargo, no se han activado campañas de concienciación específicas ni se ha reprogramado el trazado de líneas de transporte público para reducir la necesidad de cruces peligrosos.
Datos Clave
- La Avenida Marítima registra una media de 4,7 cruces indebidos diarios, según datos de la Policía Local (junio 2026).
- El 71 % de los peatones que la cruzan sin autorización lo hacen por motivos laborales o de acceso a servicios básicos.
- Solo el 22 % de los tramos de la avenida cumplen con los estándares de accesibilidad de la Ley 13/2021 de Accesibilidad Universal.
- Desde 2023, se han presentado 14 alegaciones ciudadanas ante el Ayuntamiento exigiendo pasarelas en zonas críticas.
- El coste estimado de una pasarela peatonal en el tramo más conflictivo supera los 1,8 millones de euros.
