La llegada de migrantes a las Islas Canarias ha generado un debate intenso sobre cómo gestionar adecuadamente el traslado y la atención de los menores no acompañados. Recientemente, el Ministerio de Infancia ha estado trabajando en un protocolo que regule este proceso, en medio de un contexto político y social complejo. Este artículo explora los detalles de este protocolo y las iniciativas propuestas por organizaciones como Unicef para mejorar la situación de estos jóvenes en un entorno de contingencia migratoria.
La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado al Ministerio de Infancia a actuar con rapidez. Según fuentes del ministerio, se está elaborando un protocolo que contendrá las directrices necesarias para la distribución de estos menores entre las diferentes comunidades autónomas. Este protocolo se está desarrollando con urgencia y se espera que incluya un análisis detallado de cada caso, considerando el interés superior del menor como prioridad.
Uno de los aspectos más relevantes de este protocolo es la necesidad de que las comunidades que deseen solicitar la situación de contingencia migratoria extraordinaria deben demostrar que la ocupación de sus centros de acogida ha triplicado su capacidad ordinaria. La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha subrayado que la Comunidad Canaria es responsable de inscribir a los menores en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, un proceso que se inicia inmediatamente tras su llegada. Sin embargo, la documentación de estos menores puede ser un desafío, ya que implica coordinarse con embajadas y consulados de sus países de origen.
El protocolo también abordará cómo se llevará a cabo la comunicación con los menores, un aspecto crucial para garantizar que se escuchen sus voces y se tomen en cuenta sus deseos. La consejera Delgado ha enfatizado la importancia de preguntar a los menores sobre su situación y sus preferencias, especialmente en casos donde ya están arraigados en la comunidad, ya sea porque viven con familias o están escolarizados. Este enfoque busca asegurar que las decisiones tomadas sean las más adecuadas para cada niño, respetando su derecho a ser escuchados.
### Iniciativas de Unicef para Apoyar a los Menores Migrantes
En este contexto, Unicef ha propuesto al Gobierno español la creación de una unidad compuesta por profesionales de diversas disciplinas para brindar apoyo a las comunidades que enfrentan una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Esta unidad multidisciplinaria incluiría expertos en áreas jurídicas, psicológicas y sociales, quienes se encargarían de evaluar las necesidades específicas de cada menor y ofrecer el apoyo necesario.
Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de Unicef en Canarias, ha destacado la importancia de realizar una evaluación individual de cada niño. Esta evaluación no solo debe considerar el contexto familiar y social del menor, sino también su bienestar emocional y psicológico. Casero ha señalado que, aunque la decisión final sobre el destino del menor puede no coincidir con lo que él o ella deseen, es fundamental tener en cuenta sus opiniones y circunstancias personales al tomar decisiones sobre su futuro.
La propuesta de Unicef se alinea con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que aboga por un enfoque centrado en el menor y por la necesidad de garantizar que cada niño reciba la atención y el apoyo adecuados en función de su situación particular. La creación de esta unidad de apoyo podría ser un paso significativo hacia la mejora de la atención a los menores migrantes en Canarias, proporcionando recursos y conocimientos que actualmente pueden ser limitados.
### Desafíos en la Implementación del Protocolo
A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Infancia y las propuestas de organizaciones como Unicef, la implementación efectiva del protocolo y las iniciativas de apoyo enfrenta varios desafíos. Uno de los principales obstáculos es la resistencia política que ha surgido en algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, que han criticado el reparto solidario de menores migrantes. Esta oposición puede dificultar la colaboración necesaria entre comunidades para garantizar que los menores reciban la atención adecuada.
Además, la capacidad de los centros de acogida en las diferentes comunidades es un factor crítico. La saturación de estos centros puede limitar la posibilidad de trasladar a los menores a lugares donde puedan recibir un mejor apoyo y atención. La falta de recursos y personal capacitado en algunas regiones también puede complicar la implementación del protocolo, lo que subraya la necesidad de un enfoque coordinado y colaborativo entre las diferentes administraciones.
En resumen, la situación de los menores migrantes en Canarias es un tema complejo que requiere atención urgente y un enfoque integral. La elaboración del protocolo por parte del Ministerio de Infancia y las iniciativas propuestas por Unicef son pasos importantes hacia la mejora de la atención a estos jóvenes. Sin embargo, la colaboración entre comunidades y la superación de los desafíos políticos y logísticos serán esenciales para garantizar que se respeten los derechos y el bienestar de los menores migrantes en el archipiélago.