El acceso a la vivienda en Canarias se ha convertido en un tema de gran relevancia social y política. La presión turística, la escasez de suelo y una demanda creciente han llevado a un aumento significativo en los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. En respuesta a esta crisis, el Gobierno de Canarias ha implementado diversas políticas y normativas en los últimos años, buscando mejorar el acceso a la vivienda pública. Sin embargo, estas medidas han generado un intenso debate sobre su efectividad y equidad.
La reciente aprobación del decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias ha sido uno de los pasos más destacados en este proceso. Este decreto establece que los solicitantes de vivienda pública deben demostrar una residencia continua de al menos 12 años en las islas, o 15 años si la residencia ha sido discontinua. Además, se requiere un mínimo de 5 años de arraigo en el municipio donde se solicita la vivienda, con excepciones para las víctimas de violencia de género. Esta normativa ha sido objeto de críticas por parte de diversos colectivos, que argumentan que estas exigencias son excesivas y pueden vulnerar derechos fundamentales.
### La Respuesta del Gobierno y las Críticas Recibidas
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha defendido la nueva regulación como un sistema más justo y transparente, que busca eliminar los sorteos históricos de viviendas y establecer un proceso de adjudicación basado en criterios objetivos. Según Rodríguez, el objetivo es crear un parque de vivienda pública que responda a las necesidades reales de la población canaria, priorizando la situación social y económica de los solicitantes.
Sin embargo, organizaciones como Derecho al Techo han manifestado su oposición a estas medidas, argumentando que la exigencia de 12 años de residencia continua es una barrera que excluye a muchos ciudadanos que, por diversas razones, no pueden cumplir con este requisito. Este colectivo ha calificado el decreto de «ilegal y jurídicamente impugnable», señalando que contradice el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española, que garantizan el derecho a una vivienda digna.
La crítica se centra también en la falta de viviendas disponibles. A pesar de que el número de solicitantes de vivienda pública ha superado las 30,000 personas, las promociones de vivienda escasean. Derecho al Techo ha denunciado que el Gobierno ha comenzado a anunciar adjudicaciones de viviendas que en realidad no existen, lo que consideran una maniobra electoralista. Esta situación ha llevado a cuestionar la efectividad de las políticas implementadas y si realmente están abordando el problema estructural de la falta de vivienda pública en las islas.
### La Situación Actual de la Vivienda Pública en Canarias
A pesar de las críticas, el Gobierno de Canarias ha continuado avanzando en su plan de construcción de viviendas públicas. Actualmente, hay 1,977 viviendas en construcción en 61 promociones, y se han planificado 1,794 viviendas en otras 43 promociones que ya cuentan con proyecto aprobado. Sin embargo, el retraso en la ejecución de estos proyectos ha generado preocupación entre los ciudadanos y los partidos de oposición.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha solicitado la comparecencia de la directora gerente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para conocer los motivos de los retrasos en las obras. A pesar de los anuncios de nuevas promociones, muchos proyectos se encuentran parados o con plazos de ejecución inciertos. Por ejemplo, la construcción de 421 casas públicas de alquiler asequible ha sido objeto de críticas por la falta de avances concretos, y se ha señalado que tras casi once años de gobierno no se ha construido ninguna promoción pública significativa.
Además, la inversión destinada a la construcción de viviendas ha sido cuestionada. En el caso de las 240 viviendas públicas anunciadas en el barrio de Las Torres, se ha criticado que solo se destinen 100,000 euros de los 39.6 millones de inversión previstos para este año. Esto ha llevado a la oposición a cuestionar la viabilidad de los proyectos y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus promesas de vivienda pública.
La situación se complica aún más con la necesidad de cambios en los planes urbanísticos para liberar terrenos destinados a la construcción de viviendas. Muchos de estos terrenos están reservados para usos religiosos o deportivos, lo que requiere una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para poder llevar a cabo las obras.
En medio de este panorama, la presión sobre el Gobierno de Canarias para encontrar soluciones efectivas al problema de la vivienda se intensifica. La creciente demanda de vivienda pública y la falta de oferta han llevado a un estado de emergencia habitacional en muchas áreas, lo que requiere una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades. La implementación de políticas que realmente aborden las necesidades de la población y que no excluyan a los sectores más vulnerables será crucial para lograr un acceso equitativo a la vivienda en Canarias.
