La reciente apertura del año judicial 2025-2026 en Canarias ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformas en el sistema judicial de las islas. En un discurso ante autoridades autonómicas y estatales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, destacó la crítica situación que enfrentan los juzgados, especialmente en Santa Cruz de Tenerife. La principal demanda es la creación de 24 nuevas plazas judiciales, distribuidas equitativamente entre las dos provincias, para poder afrontar la tercera fase de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que entrará en vigor en enero de 2026.
### Necesidades de Refuerzo y Mejora de Infraestructuras
Lorenzo enfatizó que sin un aumento en el número de jueces y sin la mejora de las infraestructuras, no será posible lograr una justicia más ágil y eficaz. La situación de los juzgados de violencia sobre la mujer es especialmente preocupante, ya que la falta de recursos y espacios adecuados afecta directamente a las víctimas. Aunque se han creado cuatro nuevas plazas en este ámbito, el presidente del TSJC subrayó que es esencial dotar al partido judicial de Santa Cruz de Tenerife de una unidad adicional y de salas seguras para proteger a las víctimas de posibles confrontaciones con sus agresores.
Además, Lorenzo propuso la unificación de los juzgados de La Orotava y Puerto de la Cruz, así como de Arona y Granadilla de Abona, argumentando que esta medida garantizaría la viabilidad de los partidos judiciales en Tenerife. La falta de cobertura de vacantes y las deficiencias en las infraestructuras han sido temas recurrentes en sus intervenciones, lo que refleja una preocupación por la capacidad del sistema judicial para manejar el creciente número de casos.
### Justicia Especializada y Litigiosidad en Aumento
Otro punto crucial en el discurso del presidente del TSJC fue la necesidad de extender el modelo del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que se especializa en violencia contra la infancia y adolescencia, a todo el Archipiélago. Lorenzo enfatizó que no se puede permitir que exista una justicia de primera y otra de segunda, y que es fundamental garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un sistema judicial equitativo y eficiente.
La situación en Canarias es alarmante, ya que en 2024 se registró un aumento del 13,9 % en los asuntos judiciales, alcanzando un total de 475.761 procedimientos. Esta cifra coloca a Canarias como la comunidad autónoma con la mayor tasa de litigiosidad en España, con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes. Este panorama afecta a más del 63 % de los órganos judiciales, lo que pone de relieve la presión que enfrenta el sistema judicial en las islas.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, también se unió a las demandas de refuerzo y mejora de los medios en los órganos judiciales y de la Fiscalía. Martínez destacó la urgencia de contar con un Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, cuya falta está perjudicando seriamente el crecimiento de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal. Además, subrayó la necesidad de ampliar las instalaciones de la Fiscalía en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y urgió a poner en marcha la Oficina Fiscal, que aún está pendiente en las islas.
La situación actual del sistema judicial en Canarias es un reflejo de la necesidad de un cambio estructural que permita no solo mejorar la eficiencia y la agilidad de los procesos judiciales, sino también garantizar la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en casos de violencia de género y contra la infancia. Las demandas de refuerzo en el número de plazas judiciales y la mejora de infraestructuras son pasos necesarios para abordar los desafíos que enfrenta el sistema judicial en el Archipiélago, y es imperativo que se tomen medidas concretas para asegurar un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos de Canarias.
