La situación de los menores migrantes no acompañados en España ha generado un intenso debate sobre la eficacia de los procedimientos de identificación y determinación de edad. Recientemente, un experto en migración ha denunciado que alrededor de 400 jóvenes han sido enviados a la península como si fueran adultos, lo que pone de manifiesto las fallas en el sistema actual. A medida que España se adapta a la normativa europea, es crucial examinar los problemas existentes y las posibles soluciones.
### La Revisión de la Legislación Española
En un esfuerzo por mejorar la protección de los menores migrantes, España ha comenzado a revisar su legislación relacionada con la determinación de la edad. Esta reforma, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados, busca modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. El objetivo es establecer un procedimiento judicial que garantice los derechos de la infancia y la adolescencia, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que la intervención del Ministerio Fiscal es fundamental cuando hay dudas sobre la edad de un menor extranjero sin documentación. Sin embargo, el experto Daniel Arencibia ha criticado que muchos fiscales evitan asumir esta responsabilidad, lo que agrava la situación. «Es absurdo que digan que no entienden por qué deben hacerse cargo», afirma Arencibia, quien recuerda que la Fiscalía tiene el mandato legal de proteger a colectivos vulnerables.
### Procedimientos Arbitrarios y Falta de Recursos
Arencibia sostiene que el proceso de determinación de la edad ha sido arbitrario durante años. Uno de los aspectos más preocupantes es que, en muchos casos, no se ha escuchado a los menores. El abogado ha representado a jóvenes que presentaron documentos como pasaportes y partidas de nacimiento que confirmaban su edad, pero que aún así fueron encarcelados sin recibir la atención adecuada. Un caso alarmante involucró a dos menores que fueron encontrados en prisión después de haber estado 85 días encerrados, a pesar de insistir en que eran menores. La falta de credibilidad en sus testimonios y la desconfianza hacia los documentos presentados han llevado a situaciones injustas y dolorosas.
Además, existe una práctica peligrosa entre algunos menores migrantes que, al llegar a las islas, afirman ser adultos para evitar ser retenidos. Esta estrategia se debe a que los adultos son trasladados a la península en un plazo máximo de tres meses, mientras que los menores quedan bajo la responsabilidad del Ejecutivo regional. Arencibia explica que muchos de estos jóvenes temen que, si dicen la verdad sobre su edad, no serán trasladados y, por lo tanto, optan por mentir. Sin embargo, cuando posteriormente intentan corregir su declaración, a menudo no son creídos, lo que complica aún más su situación legal.
### Discriminación y Desigualdad en el Tratamiento
El experto también ha señalado actitudes discriminatorias en el tratamiento de los menores migrantes. Ha recibido informes de que, al notificar la presencia de un menor abandonado, las autoridades preguntan sobre el color de la piel del niño, lo que sugiere que el trato no es el mismo para todos. Esta desigualdad en la atención y el apoyo a los menores migrantes es un problema que debe ser abordado con urgencia.
### La Necesidad de Recursos Adecuados
A pesar de la reciente reforma legal que transfiere la competencia de determinar la edad a los jueces, Arencibia se muestra escéptico sobre su efectividad. «El problema no es quién decide, sino la falta de medios», argumenta. Para garantizar una evaluación justa y adecuada, es esencial contar con equipos médicos, traductores, abogados y trabajadores sociales suficientes. La falta de recursos ha llevado a una situación en la que los errores en la identificación de menores pueden tener consecuencias devastadoras.
Arencibia enfatiza la necesidad de actuar rápidamente ante los errores en la identificación de la edad. No se puede permitir que un niño permanezca meses en prisión debido a la incapacidad de las autoridades para reconocer sus errores. La situación actual no es una anécdota aislada, sino un desastre institucional que está afectando los derechos de cientos de menores migrantes en España. La protección de estos jóvenes es una responsabilidad compartida que requiere la atención y acción inmediata de todos los actores involucrados en el sistema de justicia y protección infantil.
