La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado al Ministerio de Infancia a convocar a las comunidades autónomas a una Comisión Sectorial. Esta reunión tiene como objetivo principal desbloquear el reparto de estos menores, que actualmente se encuentran en condiciones de sobreocupación en los centros de acogida del archipiélago. La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Rosa Rodríguez, ha sido la encargada de anunciar esta convocatoria, que busca abordar los problemas que enfrentan las comunidades en la gestión de estos menores.
### La Realidad de la Sobreocupación en los Centros de Acogida
Los datos son alarmantes: los centros de acogida para menores migrantes no acompañados en Canarias están funcionando entre un 125% y un 160% de su capacidad. En total, hay 86 recursos disponibles que albergan a 5.665 niños, niñas y adolescentes. Esta situación ha sido provocada por el requerimiento del Ministerio de Infancia, que solicitó a las comunidades autónomas que enviaran información sobre el número de plazas disponibles y la ocupación actual de sus centros. El objetivo es determinar la capacidad ordinaria de cada región y activar, si es necesario, la situación de contingencia migratoria extraordinaria.
La comunidad de Aragón ha sido la única que ha decidido no enviar los datos requeridos, a pesar de tenerlos listos, a la espera de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre medidas cautelares solicitadas por su gobierno. En contraste, Canarias ha cumplido con el plazo, aunque ha enfrentado dificultades para responder a preguntas específicas del ministerio, como la fecha en que se registró la mayor cantidad de menores en los centros.
La directora general de Infancia ha destacado que, a pesar de que Canarias cuenta con 400 plazas estructurales para menores migrantes no acompañados, actualmente se están utilizando recursos de emergencia para atender a 5.265 de ellos. Estos recursos han sido implementados por el Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a la región. En julio de 2023, cuando Rosa Rodríguez asumió su cargo, había 39 centros de acogida que atendían a 2.143 menores. Hoy, el número de centros ha aumentado a 86, lo que refleja la creciente necesidad de atención y recursos.
### Dificultades en la Documentación y Escolarización
Uno de los problemas más críticos que enfrentan los menores migrantes es la dificultad para documentarlos. Esta situación se vuelve especialmente complicada para aquellos que están a punto de cumplir 18 años, ya que les impide regularizar su situación y obtener un permiso de trabajo. La falta de documentación no solo afecta su capacidad para trabajar, sino que también limita sus oportunidades educativas y de integración en la sociedad.
Además, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado que hay dificultades para encontrar plazas en centros educativos para escolarizar a estos menores. A medida que la población de menores migrantes crece, la presión sobre los recursos educativos también aumenta, lo que complica aún más la situación. La falta de medios para abrir nuevos centros y la saturación de los existentes son problemas que requieren atención urgente.
La creación de la Comisión Sectorial es un intento de abordar estos problemas de manera colaborativa entre las comunidades autónomas. Sin embargo, Rosa Rodríguez ha expresado su escepticismo sobre la efectividad de esta comisión para activar rápidamente la distribución solidaria de menores entre las comunidades, especialmente considerando que algunas regiones, como Valencia, también han recurrido al Tribunal Constitucional para invalidar el decreto que permitiría dicha distribución.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a muchas regiones de España y Europa. La necesidad de una respuesta coordinada y efectiva es más urgente que nunca, ya que estos menores no solo requieren atención inmediata, sino también un futuro que les brinde oportunidades de desarrollo y bienestar. La gestión de esta crisis no solo es un desafío logístico, sino también un imperativo moral que requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto.
