La situación de los menores migrantes en Canarias ha generado un intenso debate en los últimos meses, especialmente en relación con la responsabilidad del Estado en su atención y protección. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha expresado su preocupación por los recientes desarrollos en la negociación entre el Gobierno canario y el Estado, calificando la situación actual como un «paso atrás». Esta afirmación surge tras una reunión del comité interadministrativo que se creó para abordar la atención de los menores migrantes que llegan al archipiélago sin la compañía de un adulto.
En esta reunión, se discutió la asignación de plazas para estos menores en diferentes centros de acogida. Aunque en una reunión anterior se había acordado la disponibilidad de 400 plazas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania en Pozuelo, Madrid, y otras 250 en el centro Canarias 50 en Gran Canaria, el Estado ha confirmado únicamente las plazas en este último. Esto ha generado una sensación de descontento entre las autoridades canarias, quienes consideran que el Estado no está cumpliendo con las obligaciones establecidas por el Tribunal Supremo, que ha dictado en varias ocasiones que la responsabilidad de estos menores recae en el Gobierno central.
La situación es crítica, ya que actualmente hay 827 menores migrantes no acompañados registrados en el Sistema de Protección Internacional, mientras que Canarias reconoce que la cifra real asciende a casi 1.200. Esto pone de manifiesto la saturación del sistema de acogida en las islas, que se encuentra desbordado y sin los recursos necesarios para atender adecuadamente a todos los menores que llegan. La consejera Delgado ha subrayado que, hasta el momento, no se ha logrado trasladar a ningún niño o niña con protección internacional a centros que pertenezcan al sistema de atención de protección internacional o asilo, lo que agrava aún más la situación.
### La Respuesta del Estado y el Papel del Tribunal Supremo
El Gobierno de Canarias ha argumentado ante el Tribunal Supremo que la responsabilidad de los menores migrantes que llegan solos a las islas debe ser asumida por el Gobierno central. En respuesta a esta situación, el Tribunal Supremo ha emitido autos en los que se exige al Estado que cumpla con su deber de atención. En uno de estos autos, el Tribunal constató un «claro incumplimiento» de las medidas cautelares, ya que no se había evaluado a ningún menor en el plazo establecido. Esta falta de acción ha llevado a que el Tribunal advierta sobre la posibilidad de tomar «medidas coercitivas» si no se presentan informes detallados sobre los avances en la atención a estos menores.
La presión sobre el Estado se ha intensificado, y se ha convocado una reunión preparatoria para la Conferencia Sectorial de Infancia, que se llevará a cabo el 17 de julio. En esta reunión se abordará la financiación necesaria para garantizar la atención adecuada a los menores migrantes. La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, ha expresado su decepción ante la falta de avances y ha señalado que existe un bloqueo por parte de las comunidades autónomas para materializar el decreto ley que permitiría distribuir a los niños que llegan solos a otras regiones con menos saturación.
### Recursos de Comunidades Autónomas y el Futuro de la Atención a Menores
La situación se complica aún más con la decisión del Tribunal Constitucional de estudiar los recursos presentados por varias comunidades autónomas contra el real decreto ley que establece un mecanismo para la reubicación de menores migrantes no acompañados. Hasta el momento, once comunidades han impugnado esta norma, argumentando que podría vulnerar la distribución de competencias establecida en la Constitución y afectar la autonomía financiera de las comunidades.
El Gobierno planea reubicar a alrededor de 3,000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades, principalmente a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la falta de recursos y la insuficiencia de la financiación ofrecida por el Ministerio de Juventud e Infancia han generado descontento en las comunidades afectadas. En el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ha manifestado que la financiación de 4.1 millones de euros es insuficiente para acoger a los 320 menores migrantes no acompañados que se prevé recibir.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta España en la gestión de la migración y la protección de los derechos de los menores. La falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como la insuficiencia de recursos, pone en riesgo el bienestar de miles de niños y adolescentes que buscan refugio y una vida mejor. La atención a estos menores no solo es una cuestión de responsabilidad legal, sino también de humanidad y compromiso social.
