Las comunidades autónomas de España se encuentran en un momento crítico en la gestión de la acogida de menores migrantes. A pesar de la oposición manifestada por varias regiones, el Gobierno ha implementado un decreto que establece la redistribución obligatoria de estos menores entre las distintas comunidades. Esta medida, que busca garantizar una atención digna y adecuada a los niños y niñas migrantes, ha generado un intenso debate político y social en el país.
**La Situación Actual de los Menores Migrantes**
Desde la declaración de emergencia migratoria en agosto de 2023, Canarias ha visto un aumento significativo en el número de menores no acompañados que llegan a sus costas. Actualmente, el archipiélago acoge a más de 5,000 menores, lo que representa un 580% por encima de su capacidad ordinaria de 737 plazas. Esta situación ha llevado al Gobierno canario a aumentar el número de centros de acogida, pasando de 35 a más de 85 en un año. Sin embargo, la presión sobre los recursos sigue siendo alta, lo que ha llevado a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, a criticar la falta de preparación de otras comunidades para asumir su parte de la responsabilidad.
El decreto que regula la redistribución de menores establece que las comunidades pueden solicitar una situación de contingencia migratoria extraordinaria si su capacidad de acogida se ve superada por más del triple. Esto significa que se prevé la redistribución de aproximadamente 3,900 menores desde Canarias y Ceuta hacia otras regiones del país. Las comunidades con mayor capacidad de acogida, como Andalucía, Cataluña y Madrid, deberán asumir un número significativo de estos menores, mientras que otras como Cantabria y La Rioja tienen capacidades mucho más limitadas.
**Reacciones y Controversias Políticas**
La implementación de esta medida ha encontrado una fuerte resistencia por parte de varias comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular. Estas regiones han manifestado su desacuerdo con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece la redistribución obligatoria, argumentando que invade sus competencias. Madrid ha llevado su oposición un paso más allá al recurrir ante el Tribunal Supremo, y Baleares ha solicitado la suspensión cautelar de las derivaciones, citando la saturación de sus servicios de acogida.
A pesar de las críticas, el Gobierno español ha defendido la medida como un paso crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha enfatizado la obligación del país de proporcionar una acogida digna y solidaria a estos menores. Sin embargo, las tensiones entre las comunidades persisten, y algunas, como Aragón y Murcia, han amenazado con recurrir todos los actos normativos que impongan el reparto forzoso de menores.
La situación se complica aún más por la cuestión de la financiación. Las comunidades han expresado su preocupación por la insuficiencia de los fondos destinados a la atención de estos menores. El Gobierno ha establecido un fondo extraordinario de 100 millones de euros para este año, pero muchas regiones consideran que esta cantidad no es suficiente para cubrir las necesidades a largo plazo de los menores, quienes requieren atención hasta alcanzar la mayoría de edad. La consejera Delgado ha subrayado la necesidad de que el Gobierno estatal garantice una financiación adecuada y sostenida para la atención de estos niños y niñas migrantes.
En medio de este panorama, algunas comunidades, como Cataluña y el País Vasco, han ofrecido plazas disponibles para acoger a los menores, a pesar de haber quedado excluidas de la redistribución por su esfuerzo previo en la acogida. Esta disposición contrasta con la postura de otras regiones que se niegan a aceptar la redistribución, lo que pone de manifiesto la falta de consenso y la polarización en torno a la gestión de la migración en España.
La situación de los menores migrantes en España es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de política migratoria y derechos humanos. La necesidad de una respuesta coordinada y solidaria entre las comunidades autónomas es más urgente que nunca, y el futuro de miles de niños y niñas depende de la capacidad del Gobierno y de las regiones para encontrar soluciones efectivas y sostenibles. La atención a estos menores no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino un imperativo moral que requiere un compromiso colectivo por parte de toda la sociedad española.
