La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles críticos en los últimos años. Desde 2020, el Gobierno de Canarias ha tenido que recurrir a organizaciones del tercer sector para gestionar la creciente cantidad de niños y adolescentes que llegan al archipiélago. En el momento más álgido de esta crisis, se han llegado a contabilizar hasta 5.000 menores en un sistema de acogida que ha estado al borde del colapso. Este artículo explora la evolución de esta problemática, las medidas adoptadas y los desafíos que aún persisten.
**Aumento de Menores Acogidos y Colapso del Sistema**
El incremento en el número de menores migrantes ha sido alarmante. Desde enero de 2020, 14 entidades han gestionado hasta 100 centros de acogida, principalmente en Gran Canaria y Tenerife. La Asociación Quórum Social 77 ha sido la más destacada, albergando a más de 500 menores en un solo mes en su centro de Tacoronte. La crisis se intensificó en dos momentos clave: tras el verano de 2020, cuando el número de menores tutelados se multiplicó por cuatro, y en octubre de 2023, cuando se registró un aumento similar en un corto período.
El sistema de acogida, que debería tener una capacidad ordinaria de 737 menores, ha estado operando muy por encima de su capacidad. En diciembre de 2024, se alcanzó un pico de 4.752 menores en 81 centros, lo que refleja la presión extrema sobre los recursos disponibles. A pesar de que el número de menores ha comenzado a descender, con 4.050 acogidos a finales de julio de 2025, la situación sigue siendo crítica. Las entidades que gestionan estos centros enfrentan el desafío de proporcionar atención adecuada en un contexto de recursos limitados y una demanda abrumadora.
**Desafíos en la Gestión y Traslados de Menores**
Uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno de Canarias es la lentitud en los traslados de menores a la península. A pesar de la aprobación de un decreto en agosto que establece mecanismos para facilitar estos traslados, la realidad es que el proceso sigue siendo muy lento. Recientemente, se anunció el primer traslado de tres menores a la península desde la declaración de la contingencia migratoria, un proceso que debería haberse completado en 15 días, pero que tardó casi un mes.
La reducción del flujo migratorio también ha sido un factor positivo en la disminución del número de menores en los centros. Entre enero y septiembre de 2025, llegaron a Canarias 12.878 migrantes por vía marítima, una cifra significativamente menor a los más de 30.000 que arribaron en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la situación sigue siendo complicada, ya que muchos menores que cumplen la mayoría de edad dejan de estar bajo la tutela de la Administración, lo que también contribuye a la presión sobre el sistema.
Además, se estima que alrededor de 1.200 menores solicitantes de asilo aún esperan su traslado, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. La falta de recursos y la burocracia en el proceso de traslado son obstáculos que deben ser superados para garantizar que estos menores reciban la atención y el apoyo que necesitan.
**Perspectivas Futuras y Necesidades Inmediatas**
A medida que la situación evoluciona, es crucial que se implementen medidas efectivas para abordar las necesidades de los menores migrantes. La colaboración entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones del tercer sector es fundamental para garantizar que se brinde una atención adecuada. La creación de más centros de acogida y la mejora de las condiciones en los existentes son pasos necesarios para aliviar la carga sobre el sistema.
Además, es esencial que se agilicen los procesos de traslado a la península y que se establezcan protocolos claros para la atención de menores solicitantes de asilo. La situación actual no solo afecta a los menores, sino que también tiene un impacto significativo en las comunidades locales y en los recursos disponibles en el archipiélago.
La crisis de los menores migrantes en Canarias es un desafío que requiere atención urgente y soluciones sostenibles. La colaboración entre diferentes entidades y la implementación de políticas efectivas son clave para abordar esta problemática de manera integral y garantizar un futuro mejor para los menores que llegan al archipiélago en busca de seguridad y oportunidades.
