La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a la celebración de una Conferencia Extraordinaria Intersectorial de Infancia. Este encuentro, convocado por la ministra Sira Rego, tiene como objetivo abordar el reparto de más de 5.600 menores que actualmente están bajo la tutela del Gobierno canario. Esta cifra ha desbordado los recursos de acogida disponibles en el archipiélago, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades locales y nacionales.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo unánime en la reunión, especialmente ante el rechazo del Gobierno de Madrid, que ha calificado la reunión de «ilegal». Además, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han manifestado su intención de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, lo que complica aún más la situación.
### Realidades Diversas de los Menores Migrantes
A pesar de que todos los menores migrantes no acompañados comparten la misma etiqueta, sus realidades son muy distintas. De los más de 5.600 menores, aproximadamente 1.221 han solicitado asilo político, lo que implica que deben ser atendidos directamente por el Estado, según lo dictado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Gobierno español ha respondido que no cuenta con los recursos necesarios para asumir esta responsabilidad, lo que deja a Canarias en una situación aún más precaria.
La mayoría de estos menores tienen entre 15 y 17 años, y un número significativo de ellos está escolarizado. Según la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, el 99% de los menores de 16 años asisten a la escuela. Además, muchos de ellos participan en actividades deportivas, con más de 500 niños federados en clubes de fútbol y otros 200 en diferentes disciplinas. Sin embargo, la saturación de los centros de acogida es alarmante, con algunos de ellos atendiendo a más de 300 menores, lo que ha llevado a la conversión de espacios comunes en dormitorios.
La situación se ha vuelto insostenible, y el Gobierno de Canarias ha elevado la voz de alarma desde hace más de un año y medio, advirtiendo sobre el hacinamiento en los centros de acogida. A pesar de las advertencias, el alivio a esta crisis parece lejano, ya que las soluciones propuestas han encontrado resistencia tanto a nivel regional como nacional.
### Cambios en la Legislación y Recursos Necesarios
Recientemente, se ha introducido un decreto-ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de garantizar un reparto equitativo entre las comunidades autónomas en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Este cambio se produce en un contexto donde Canarias ha declarado una situación de contingencia debido a la saturación de sus recursos. Sin embargo, el éxito de esta medida depende de la aprobación unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia, lo que podría ser un obstáculo dada la falta de consenso entre las comunidades autónomas.
El Gobierno canario ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, argumentando que los menores que han solicitado asilo deben ser tutelados por el Estado. A pesar de que el Supremo ha emitido un auto a favor de esta medida, el Estado ha reconocido que no tiene los recursos necesarios para asumir la tutela de estos menores, lo que deja a Canarias en una situación de incertidumbre.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha señalado que el sistema de acogida actual está diseñado principalmente para adultos, lo que dificulta la atención adecuada a los menores. La falta de recursos y mecanismos específicos para atender a esta población vulnerable ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la crisis migratoria en Canarias.
El Gobierno de Canarias ha estimado que ha invertido alrededor de 180 millones de euros anuales en la atención a estos menores, y se espera que se reclamen estos fondos al Estado, especialmente por aquellos menores que deben ser acogidos directamente por el Gobierno central. A medida que continúan llegando nuevos menores migrantes, la situación se complica aún más, ya que muchos de ellos han comenzado a arraigarse en las islas, lo que plantea desafíos adicionales para su reubicación.
La Conferencia Extraordinaria Intersectorial de Infancia se presenta como una oportunidad crucial para abordar esta crisis, pero el camino hacia una solución efectiva está lleno de obstáculos. La falta de recursos, la resistencia política y la diversidad de realidades entre los menores migrantes son solo algunos de los desafíos que deben enfrentarse para garantizar una atención adecuada y digna a esta población vulnerable.
