La crisis migratoria en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la llegada de menores migrantes no acompañados. Desde que el Gobierno de Canarias declaró la emergencia migratoria en tres ocasiones en un periodo de dos años, la situación ha evolucionado, pero los desafíos persisten. Este artículo examina la evolución de la acogida de menores migrantes en el archipiélago, las reformas legislativas implementadas y las dificultades que aún enfrentan las autoridades locales para garantizar el bienestar de estos jóvenes.
La llegada masiva de menores migrantes a las costas canarias ha puesto a prueba la capacidad del sistema de acogida. En diciembre de 2020, el archipiélago tenía bajo su tutela a 1.784 menores, cifra que se disparó a 4.752 en diciembre de 2024. Este aumento ha llevado a la apertura urgente de nuevos recursos, lo que ha requerido una flexibilización de los requisitos y estándares de acogida. Sin embargo, la llamada «solidaridad territorial» ha sido escasa, con solo 400 menores reubicados en otras comunidades autónomas en tres años. Las comunidades han argumentado la falta de plazas en sus dispositivos de protección, lo que ha llevado a Canarias a solicitar un cambio legislativo que obligara a un reparto más equitativo de la responsabilidad.
La modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería fue el resultado de estas demandas. Aprobada tras intensas negociaciones y con la oposición del Partido Popular (PP), esta reforma busca establecer un mecanismo que garantice la acogida obligatoria de menores migrantes en otras comunidades. Sin embargo, a pesar de su entrada en vigor, las derivaciones han sido mínimas. Según datos recientes, solo 78 menores han sido trasladados a otras regiones desde la implementación de la reforma. Esto pone de manifiesto la resistencia de algunas comunidades a acoger a estos jóvenes, así como los obstáculos administrativos que se han interpuesto en el camino.
### La Vía Judicial y el Derecho de Asilo
En paralelo a la reforma legislativa, el Gobierno de Canarias ha buscado otras vías para abordar la situación de los menores migrantes. Una de estas estrategias ha sido recurrir al Tribunal Supremo para que el Estado asuma directamente la tutela de aquellos menores que han solicitado asilo político. La mayoría de estos jóvenes son chicos de entre 15 y 17 años, con una notable representación de menores provenientes de Malí y Senegal, países que enfrentan crisis humanitarias severas.
El Tribunal Supremo ha respaldado las demandas de Canarias, ordenando a los ministerios de Migraciones e Interior que integren a estos menores en el sistema internacional de protección. Sin embargo, la falta de recursos y un modelo de acogida diseñado principalmente para adultos han complicado la implementación de estas órdenes. A pesar de que cerca de 600 menores lograron hacer efectivo su derecho al asilo, muchos de ellos permanecen en las islas, a menudo solicitando arraigo para poder establecerse.
La situación se ha vuelto aún más crítica con la llegada de nuevos menores migrantes. Desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería, se han registrado 362 llegadas, de las cuales solo 77 han sido trasladadas a la península. Este desajuste entre la llegada y la capacidad de acogida ha llevado a que, a finales de diciembre de 2024, aún quedaran 4.096 menores migrantes solos en las islas, lo que genera una presión insostenible sobre los recursos disponibles.
### La Urgencia de una Solución Efectiva
Marzo de 2026 se perfila como una fecha crítica para la gestión de la crisis migratoria en Canarias. Según la reforma, más de 2.000 menores migrantes no acompañados deben ser trasladados fuera del archipiélago antes de que finalice ese mes. Sin embargo, la capacidad ordinaria de Canarias para atender a estos jóvenes es de aproximadamente 800, cifra que podría ampliarse a 2.400 en situaciones excepcionales. Superar este umbral facultaría a la comunidad autónoma a activar automáticamente la derivación de menores a otras regiones.
A pesar de que la ley está en vigor, las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, han recurrido la reforma ante el Tribunal Constitucional, lo que ha generado más obstáculos para la acogida de menores. Además, los procesos de determinación de edad y la tramitación de expedientes son complejos y lentos, lo que retrasa aún más la posibilidad de reubicar a estos jóvenes.
La situación actual de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de la crisis migratoria más amplia que afecta a Europa y otras partes del mundo. La falta de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las comunidades autónomas y del Gobierno central ha llevado a un estancamiento en la acogida de estos jóvenes, quienes, en su mayoría, huyen de situaciones de violencia y pobreza extrema.
La necesidad de una solución integral que contemple no solo la reubicación de menores, sino también su integración y bienestar, es más urgente que nunca. La colaboración entre comunidades autónomas, la mejora de los recursos destinados a la acogida y la implementación efectiva de las reformas legislativas son pasos esenciales para abordar esta crisis humanitaria. Sin un compromiso real y sostenido, el futuro de miles de menores migrantes en Canarias seguirá siendo incierto.
