En un contexto de creciente tensión política, el fiscal general ha presentado su defensa ante el Tribunal Supremo, donde enfrenta acusaciones de revelación de secretos. La Abogacía General del Estado, que lo representa, ha señalado que las acusaciones en su contra son el resultado de una campaña orquestada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según el escrito de defensa, este proceso judicial se originó a raíz de una denuncia por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta madrileña, lo que habría llevado a la creación de un «relato alternativo» que busca desacreditar al fiscal general y a la Fiscalía en su conjunto.
La defensa sostiene que el fiscal general actuó en el ejercicio legítimo de sus funciones, buscando proteger la imagen de la institución y de sus miembros ante lo que considera una campaña de desinformación. En este sentido, se argumenta que las comunicaciones mantenidas por García Ortiz con otros fiscales de Madrid fueron parte de su deber como fiscal general y no constituyen un delito. La defensa solicita la absolución de García Ortiz, argumentando que no ha existido un hecho delictivo que justifique las acusaciones en su contra.
### Origen de las Acusaciones
El escrito de defensa expone que la investigación que ha llevado al fiscal general al banquillo se basa en una operación política que busca desviar la atención de la opinión pública sobre la denuncia de fraude fiscal presentada contra la pareja de Ayuso. Se menciona que la Fiscalía y la Agencia Tributaria (AEAT) habrían colaborado ilícitamente en esta maniobra, lo que ha llevado a la creación de un relato en el que se presenta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta, como una víctima de una conspiración.
La defensa también destaca que la publicación de un artículo en un medio de comunicación el 13 de marzo, que contenía información tergiversada sobre la Fiscalía, fue un punto de inflexión en este caso. Este artículo, según la defensa, contribuyó a la creación de un clima hostil hacia el fiscal general y a la difusión de acusaciones infundadas. Se argumenta que, antes de esa publicación, García Ortiz no tenía conocimiento de la existencia de correos electrónicos que ahora son objeto de juicio.
Además, se menciona que el correo en cuestión, que ha sido clave en las acusaciones, fue enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía y a un abogado del Estado, lo que implica que hasta 600 personas pudieron haber tenido acceso a él, rompiendo así cualquier supuesta confidencialidad. La defensa sostiene que no hay una conexión lógica entre la publicación de la información y el envío del correo, lo que pone en duda la validez de las acusaciones.
### Justificación de las Acciones del Fiscal General
En su defensa, García Ortiz ha justificado el borrado de su teléfono móvil, afirmando que lo hacía regularmente en el ejercicio de su función y en cumplimiento de las normativas de protección de datos. También se ha referido a la eliminación de su cuenta personal de Gmail, argumentando que recibió mensajes hostiles tras la filtración de un informe que contenía datos personales. La defensa considera que estas acciones son parte de las medidas de seguridad que cualquier funcionario debe tomar para proteger su información personal y profesional.
El caso ha atraído la atención de varios testigos, incluidos el empresario que es pareja de Ayuso y su jefe de Gabinete, así como varios fiscales que participaron en la elaboración de la nota de prensa que ha sido objeto de controversia. La defensa espera que estos testimonios ayuden a esclarecer los hechos y a demostrar la inocencia del fiscal general.
El proceso judicial ha puesto de manifiesto las tensiones entre las instituciones y el papel de la Fiscalía en la política española. A medida que avanza el juicio, se espera que se revelen más detalles sobre las dinámicas de poder y las estrategias utilizadas por los actores políticos involucrados. La defensa del fiscal general se centra en demostrar que las acusaciones en su contra son infundadas y que su actuación fue siempre en el marco de sus competencias como fiscal general, buscando proteger la integridad de la institución que representa.
