La situación de los residentes en apartamentos turísticos en el sur de Gran Canaria se ha convertido en un tema candente, con más de 100,000 personas afectadas por la aplicación de la ley turística de 2013. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt) ha alzado la voz para solicitar la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda y evitar el desplazamiento forzado de estas familias. En una carta enviada a Feijóo, la Palt expone que bajo la dirección de la consejera de Turismo, Jessica de León Verdugo, se está llevando a cabo un proceso sistemático de expulsión de familias de sus hogares en áreas consideradas de ‘potencialidad turística’. Este proceso se realiza sin un respeto adecuado a los derechos fundamentales de los afectados y carece de un marco legal claro.
La Palt ha manifestado su preocupación por la falta de criterios urbanísticos claros que justifiquen las acciones del Gobierno de Canarias. En su misiva, los afectados expresan que están sufriendo un desamparo por parte de las instituciones públicas, lo que ha llevado a la necesidad de solicitar la mediación de Feijóo. La carta también menciona que, a pesar de la urgencia de la situación, no se logró concretar una reunión entre la Palt y el presidente del PP durante su reciente visita a la isla.
### La Ley Turística y sus Consecuencias
La ley turística de 2013 ha sido objeto de críticas por su impacto en la vivienda de los residentes en Gran Canaria. Esta normativa permite la conversión de propiedades residenciales en alojamientos turísticos, lo que ha llevado a un aumento en la presión sobre el mercado de la vivienda. Muchos propietarios que han vivido en sus apartamentos durante años se encuentran ahora en una situación precaria, enfrentándose a la posibilidad de ser desalojados.
El Gobierno de Canarias ha intentado abordar esta problemática mediante la aprobación de un decreto que congela temporalmente las multas relacionadas con la residencialización. Este decreto se implementó mientras el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana trabaja en la actualización del planeamiento urbano para determinar qué parcelas podrán ser utilizadas con fines turísticos y cuáles permanecerán como residenciales. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que solo aquellas propiedades que se clasifiquen como residenciales podrán seguir siendo habitadas por sus actuales inquilinos, así como aquellos que hayan residido en ellas antes de enero de 2017.
La falta de claridad en los criterios urbanísticos y la ausencia de un proceso transparente para la especialización de usos del suelo han generado un clima de desconfianza entre los residentes. La Palt ha denunciado que las decisiones tomadas por el Gobierno no solo son injustas, sino que también carecen de un respaldo legal sólido, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas familias.
### La Respuesta de las Instituciones
A pesar de las solicitudes de la Palt y de la creciente presión social, el Gobierno de Canarias ha mantenido su postura respecto al decreto que suspende las multas por residencialización. La administración ha argumentado que es necesario esperar a que se complete el proceso de actualización del planeamiento urbano antes de realizar cambios significativos en la normativa vigente. Sin embargo, los afectados sienten que esta respuesta es insuficiente y que se necesita una acción más decidida para proteger sus derechos.
La reciente reunión de la Palt con miembros de Vox en el Parlamento Europeo también ha sido un intento de buscar apoyo a nivel internacional para su causa. La plataforma espera que la atención mediática y política sobre este asunto pueda generar un cambio en la legislación que actualmente amenaza la estabilidad de miles de familias en Gran Canaria.
La situación en el sur de Gran Canaria es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas regiones turísticas en España y en el mundo. La tensión entre el desarrollo turístico y el derecho a la vivienda es un dilema que requiere un enfoque equilibrado y justo. La Palt y otros grupos de defensa de los derechos de los residentes están decididos a luchar por una solución que garantice la seguridad habitacional y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
La presión sobre el Gobierno de Canarias y la necesidad de una respuesta efectiva son más urgentes que nunca. Con más de 100,000 personas en riesgo de ser desplazadas, la situación exige una atención inmediata y un compromiso real por parte de las autoridades para asegurar que el derecho a la vivienda sea respetado y protegido.
