La crisis migratoria en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en lo que respecta a la atención de menores migrantes no acompañados. En los últimos años, el archipiélago ha visto un aumento significativo en el número de estos jóvenes, lo que ha llevado al Gobierno regional a implementar recursos de emergencia para su atención. Sin embargo, la situación ha puesto de manifiesto serias deficiencias en el sistema de acogida, así como la necesidad de un control más riguroso sobre las entidades que gestionan estos centros.
**Aumento de Menores Migrantes y Recursos de Acogida**
En la actualidad, Canarias alberga a más de 5.600 menores migrantes, una cifra que contrasta drásticamente con las 400 plazas de acogida disponibles inicialmente. Este desajuste ha generado una sobreocupación y hacinamiento en los centros, lo que ha tensionado el sistema de atención a menores. Según la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, el número de centros ha aumentado de 39 a 86 en un corto período, lo que ha permitido gestionar la crisis, pero también ha planteado interrogantes sobre la calidad de la atención brindada.
La intervención del Gobierno en centros como Quórum 77, que fue cerrado por orden judicial tras denuncias de malos tratos, resalta la urgencia de un control más efectivo. La denuncia que llevó a esta acción judicial se originó en el testimonio de un menor que alegó haber sido víctima de abusos. Este caso, junto con otros similares, ha llevado a cuestionar la capacidad de las ONG y otras entidades para cumplir con su misión de proteger y atender a estos jóvenes vulnerables.
**Controversias en la Gestión de Centros de Acogida**
No solo Quórum 77 ha estado en el centro de la polémica. La Asociación Oportunidades de Vida también ha sido acusada de explotación laboral, al presuntamente obligar a menores migrantes a trabajar en sus fincas. Este tipo de acusaciones pone de relieve la necesidad de una supervisión más estricta sobre las organizaciones que operan en este ámbito. La falta de personal capacitado y la contratación de individuos sin la formación adecuada para tratar con menores en situaciones vulnerables son problemas que han sido denunciados por diversas organizaciones, incluyendo Amnistía Internacional.
El informe de esta organización destaca que algunos centros han contratado a personal con escasa preparación, lo que puede poner en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores. La situación se complica aún más por la falta de recursos educativos para aquellos que llegan a la isla con 17 años, ya que no existe la obligación de escolarizarlos, lo que a menudo los deja a merced de iniciativas voluntarias.
La normativa vigente ha permitido que se flexibilicen los criterios de ocupación en los centros, lo que ha llevado a que algunos de ellos operen por encima de su capacidad. Por ejemplo, el centro de primera acogida de El Hierro, diseñado para 150 menores, ha llegado a albergar hasta 250. Esta sobrecarga no solo afecta la calidad de vida de los menores, sino que también dificulta la convivencia y el desarrollo de relaciones sociales saludables entre ellos.
**Investigaciones y Medidas de Control**
La Fiscalía de Canarias ha abierto varias investigaciones relacionadas con presuntos malos tratos y abusos en centros de acogida. En total, hay cuatro investigaciones activas que involucran a menores no acompañados, lo que indica un problema sistémico que requiere atención urgente. Las denuncias de castigos excesivos, privación de comida y amenazas han sido documentadas, lo que pone en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de acogida.
La respuesta del Gobierno ha sido la creación de un equipo de inspección para supervisar los centros, pero la efectividad de estas medidas aún está por verse. La directora general de Infancia ha reconocido que, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo un desafío encontrar espacios adecuados y personal capacitado para atender a los menores. La falta de recursos y la presión sobre el sistema han llevado a que algunos centros eliminen áreas comunes, privando a los jóvenes de espacios para la socialización y el ocio.
La situación actual de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de una crisis más amplia que involucra a múltiples actores, desde el Gobierno hasta las ONG. La necesidad de un enfoque coordinado y responsable es más urgente que nunca, ya que la vida y el bienestar de miles de jóvenes dependen de ello. La implementación de un real decreto ley que promueva una distribución equitativa de la responsabilidad entre las distintas comunidades autónomas es un paso en la dirección correcta, pero su efectividad dependerá de la voluntad política y de la capacidad de ejecución en el terreno.
