La llegada masiva de niños, niñas y adolescentes migrantes a Canarias ha desbordado los sistemas de acogida del archipiélago, generando una situación de emergencia que ha llevado al Gobierno a flexibilizar las normativas para abrir centros de atención. Desde 2023, el Ejecutivo ha declarado tres veces la emergencia migratoria, lo que ha permitido adaptar las instalaciones y aumentar la capacidad de atención. Sin embargo, este enfoque ha suscitado críticas y ha puesto de manifiesto la falta de control en un sistema que ha comenzado a parecer más un negocio que un servicio social.
### La Emergencia Migratoria y sus Consecuencias
La crisis de acogida en Canarias se ha intensificado en los últimos años, especialmente entre 2023 y 2025, cuando el flujo de menores migrantes no acompañados ha aumentado considerablemente. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha implementado medidas que han permitido abrir más centros de acogida, pero también han generado un entorno propicio para la opacidad y la falta de supervisión. En marzo de 2021, se publicó un decreto que modificaba la normativa de atención a la infancia, permitiendo que los centros de atención inmediata se convirtieran en dispositivos de emergencia. Esto ha llevado a que muchos centros, originalmente diseñados para albergar a un máximo de 20 menores, ahora operen con el doble o triple de su capacidad.
La falta de regulación ha permitido que algunas organizaciones del tercer sector, que se encargan de la acogida de menores, amplíen su actividad y ofrezcan sus servicios a precios negociados. Según datos de la Consejería de Bienestar Social, algunas ONG han llegado a cobrar hasta 23.150 euros por menor al año. Esta situación ha suscitado preocupaciones sobre la calidad de la atención que reciben los menores, así como sobre la ética de un sistema que parece beneficiarse económicamente de una crisis humanitaria.
Un ejemplo de esta problemática es la asociación Quórum Social 77, que ha sido objeto de investigaciones por supuestos malos tratos a los menores en su centro de La Fortaleza I, en Tafira. En 2020, esta entidad recibió 8,42 millones de euros para atender a 860 menores en 18 centros. Sin embargo, tres años después, su financiación se disparó a casi 30 millones de euros, mientras que el número de menores bajo su tutela aumentó a 2.160. Este crecimiento exponencial ha llevado a cuestionar la transparencia y la rendición de cuentas de estas organizaciones.
### La Falta de Control y la Necesidad de Reformas
La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema de acogida de menores en Canarias. La Dirección General de Infancia está trabajando en la elaboración de pliegos para un concierto social que establezca un precio fijo por menor y día de acogida, así como condiciones claras sobre la atención que deben recibir. Se estima que este nuevo sistema podría estar listo para licitarse el próximo año, lo que podría ayudar a poner orden en un entorno que ha estado marcado por la improvisación y la falta de supervisión.
Uno de los aspectos más preocupantes es el hacinamiento en los centros de acogida. A pesar de que se han adaptado instalaciones para albergar a más menores, el Tribunal Supremo ha reconocido la situación de hacinamiento en la que se encuentran muchos de estos centros. En algunos casos, las zonas comunes han desaparecido para hacer espacio para más camas, lo que plantea serias dudas sobre la calidad de vida y el bienestar de los menores.
Además, la cuestión de quién debe asumir los costos de la atención a estos menores es un tema controvertido. Mientras que el Ministerio del Interior se encarga de los migrantes adultos, son las comunidades autónomas las que deben hacerse cargo de los menores no acompañados. En el caso de Canarias, el Gobierno ha apelado a la situación de emergencia para solicitar más financiación, pero hasta ahora solo ha recibido 50 millones de euros, una cifra que muchos consideran insuficiente para hacer frente a la crisis.
La llegada de nuevos actores al sistema de acogida también ha complicado la situación. En 2020, el Gobierno de Canarias trabajaba con seis entidades; en 2025, este número ha aumentado a trece. Sin embargo, no todas las organizaciones gestionan la misma cantidad de centros, lo que ha llevado a una disparidad en la calidad de la atención y en los recursos disponibles. La asociación Oportunidades de Vida, por ejemplo, ha sido acusada de explotación laboral por emplear a menores migrantes en sus fincas de manera ilegal, lo que subraya la necesidad de una supervisión más estricta.
La crisis de acogida de menores en Canarias es un reflejo de una situación más amplia que afecta a muchas regiones del mundo. La combinación de un sistema de acogida desbordado, la falta de regulación y la necesidad de reformas urgentes plantea un desafío significativo para el Gobierno y la sociedad en su conjunto. La búsqueda de un equilibrio entre la humanidad y la eficiencia en la atención a estos menores es más necesaria que nunca.
