Las oposiciones a la Policía Canaria han estado en el centro de una creciente controversia debido a presuntas irregularidades en el proceso de selección. Recientemente, un grupo de opositores ha presentado pruebas que sugieren que el presidente del tribunal calificador, Ángel Níchel Acosta, pudo haber incumplido las normas establecidas al haber formado a aspirantes en los cinco años previos a la convocatoria. Esta situación ha llevado a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los aspirantes y la ciudadanía en general.
### Irregularidades en el Proceso de Selección
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Gobierno de Canarias designó a dedo a los miembros de los tribunales calificadores, lo que pone en duda la objetividad de las pruebas. La falta de transparencia en los procesos selectivos ha sido un tema recurrente en las quejas de los opositores, quienes argumentan que los mismos funcionarios participan en múltiples procesos selectivos, lo que crea un sistema opaco y repetitivo. Esta situación ha llevado a la CSIF a exigir una aclaración sobre los criterios de selección utilizados en las oposiciones.
Los opositores han recabado evidencia en forma de mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y grabaciones de clases que demuestran que Acosta estuvo involucrado en la formación de aspirantes. Según la normativa, aquellos que hayan preparado opositores en los cinco años anteriores a la convocatoria no pueden formar parte del tribunal. Sin embargo, la documentación recopilada sugiere que Acosta estuvo activo en este ámbito hasta 2021, lo que podría constituir una violación grave de las reglas.
La denuncia anónima presentada en la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a la apertura de una investigación sobre estas presuntas irregularidades. Las bases de la convocatoria, que ofrecía 141 plazas, prohíben la participación en el tribunal a quienes hayan formado a aspirantes en el periodo mencionado, lo que añade un nivel de complejidad a la situación.
### Actividades de Formación y Vínculos Personales
La evidencia presentada por los opositores incluye mensajes y publicaciones que vinculan a Acosta con actividades de formación en 2021, lo que contradice su afirmación de que no había preparado a opositores. En particular, se ha señalado su conexión con la academia Forma2, que es dirigida por su pareja y se encuentra en el barrio de Tamaraceite, en Gran Canaria. A pesar de que Acosta ha declarado que la academia nunca ha preparado a opositores de ninguna policía, los mensajes en redes sociales sugieren lo contrario.
Un ejemplo claro de esta actividad se encuentra en una publicación de Forma2 en julio de 2020, donde se anunciaba la disponibilidad de un temario de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria, firmado por Acosta. Esta publicación incluía su número de teléfono como contacto, lo que ha generado aún más dudas sobre su imparcialidad como presidente del tribunal. Acosta ha defendido su participación, argumentando que el temario fue un trabajo que se realizó entre 2018 y 2019, pero que nunca se publicó por diversas razones.
Además, en 2021, un mensaje atribuido a Acosta ofrecía clases de supuestos prácticos por un precio de 10 euros. Esta situación ha llevado a los opositores a cuestionar la integridad del proceso de selección, ya que Acosta no solo estuvo involucrado en la formación de aspirantes, sino que también parece haber utilizado su posición para beneficiarse económicamente.
La designación de Acosta como presidente del tribunal en diciembre de 2024 ha sido otro punto de controversia. A pesar de que las bases prohíben la participación de quienes han formado aspirantes desde finales de 2018, Acosta fue elegido para este cargo, lo que ha llevado a los opositores a denunciar una cadena de irregularidades en el proceso de selección. Las quejas incluyen problemas en el test, la prueba práctica, las correcciones y el rechazo masivo de alegaciones, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los aspirantes.
La denuncia anónima presentada ante la Fiscalía también menciona vínculos personales y jerárquicos entre el tribunal, los mandos policiales y los aspirantes, lo que sugiere un posible conflicto de intereses que podría comprometer la integridad del proceso de selección. La incorporación de los nuevos agentes, que estaba prevista para finales de noviembre, se ha retrasado debido a estas investigaciones, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los opositores.
La situación actual plantea serias preguntas sobre la transparencia y la equidad en los procesos de selección de la Policía Canaria. La falta de claridad en los criterios de selección y la posible existencia de favoritismo han llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de las oposiciones y la capacidad del sistema para garantizar un acceso justo y equitativo a las plazas disponibles. La comunidad espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre estas preocupaciones y que se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en el proceso de selección de la Policía Canaria.
