La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha generado un intenso debate sobre la capacidad del Estado para cumplir con los plazos establecidos en la legislación vigente. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha manifestado que el plazo de 15 días para el traslado de estos menores es suficiente, pero ha subrayado que la dificultad radica en la falta de recursos humanos y materiales por parte del Estado. Esta afirmación se produce en un contexto donde la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha reconocido que es complicado determinar la edad de los menores en el tiempo estipulado, lo que ha llevado a cuestionar la viabilidad del plazo establecido en la reforma de la ley de extranjería.
Delgado ha enfatizado que, aunque la ley es de obligado cumplimiento, es necesario que las administraciones involucradas, incluyendo la Fiscalía y el Ministerio, incrementen los recursos disponibles para facilitar el cumplimiento de la normativa. Desde marzo, cuando se aprobó el real decreto que establece el plazo, el Gobierno de Canarias ha estado alertando sobre la insuficiencia de medios para llevar a cabo esta tarea. En respuesta a esta situación, el Gobierno regional ha contratado a 39 personas dedicadas exclusivamente a la gestión de estos traslados, y recientemente ha incorporado a otras 29 personas a través de Gestur, una empresa pública que colabora en estas labores.
La consejera ha indicado que, además de las contrataciones internas, se está considerando la posibilidad de recurrir a la contratación externa para aumentar aún más el personal disponible. A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Canarias, Delgado ha insistido en que la estructura del Estado debería ser capaz de proporcionar los recursos necesarios para cumplir con los plazos establecidos. «El plazo es suficiente, es falta de medios», ha reiterado, subrayando la necesidad de una colaboración más efectiva entre las distintas administraciones.
Por otro lado, la oposición política, representada por el Partido Popular (PP) de Canarias, ha criticado la gestión del Gobierno central en este asunto. Según el PP, la falta de rigor y control en la verificación de la edad de los migrantes ha llevado a la suspensión de tres de los seis expedientes de traslado, lo que pone de manifiesto una gestión descoordinada y negligente por parte del ejecutivo nacional. Jacob Qadri, vicesecretario autonómico de Organización y Comunicación del PP, ha calificado de «inaceptable» que, tras meses de anuncios, el Gobierno central no haya sido capaz de verificar con rigor la edad de los migrantes incluidos en los traslados.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un tema complejo que involucra no solo cuestiones administrativas, sino también aspectos humanitarios y de derechos humanos. La llegada de menores no acompañados a las costas canarias ha aumentado en los últimos años, lo que ha generado una presión adicional sobre los recursos y servicios disponibles en la región. La falta de una respuesta adecuada por parte del Estado ha llevado a un aumento de la preocupación entre la población local y las organizaciones que trabajan en el ámbito de la protección de menores.
Las declaraciones de la consejera de Bienestar Social reflejan una realidad en la que la colaboración entre las distintas administraciones es fundamental para abordar de manera efectiva la situación de los menores migrantes. La necesidad de recursos adicionales es evidente, y la respuesta del Gobierno central será crucial para garantizar que se cumplan los derechos de estos menores y se les brinde la atención y protección que requieren. En este sentido, la presión política y social puede jugar un papel importante en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la situación actual.
La gestión de los menores migrantes no acompañados es un desafío que requiere un enfoque integral, que contemple no solo la logística del traslado, sino también el bienestar y la integración de estos jóvenes en la sociedad. La falta de recursos y la descoordinación entre las administraciones pueden tener consecuencias graves para la vida de estos menores, quienes a menudo han atravesado situaciones traumáticas antes de llegar a Canarias. Por lo tanto, es imperativo que se tomen medidas efectivas y se destinen los recursos necesarios para garantizar que se cumplan los plazos establecidos y se protejan los derechos de los menores migrantes en el archipiélago.
