La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha anunciado un avance significativo en la legislación canaria con la creación de un registro obligatorio de grupos de interés, comúnmente conocidos como ‘lobbys’. Esta medida se enmarca dentro de la futura Ley de Gobierno Abierto, que se encuentra actualmente en fase de borrador y busca modernizar y refundir las leyes de transparencia vigentes desde 2010 y 2014. La iniciativa tiene como objetivo garantizar una mayor transparencia en la influencia que estos grupos ejercen sobre las decisiones políticas en la región.
La consejera destacó que esta nueva legislación es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la calidad de los servicios públicos y adaptarlos a las necesidades de la sociedad actual. «Es una ley que nace dentro de las acciones de modernización y calidad de los servicios públicos, y que integra la necesidad de actualizar la legislación a los tiempos que vivimos», afirmó Barreto durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
### Un Marco Jurídico Integral para Regular la Influencia de los ‘Lobbys’
El nuevo registro no solo será una herramienta para documentar la actividad de los lobbys, sino que también incluirá un código de conducta específico que regulará su comportamiento. Además, se implementará un mecanismo conocido como huella normativa, que permitirá documentar los contactos que se establezcan durante la elaboración de disposiciones legales. Esto significa que, por primera vez, se regularán los grupos de interés de manera formal, asegurando que su influencia en la política sea transparente y respetuosa con el interés general.
Barreto subrayó que el registro y el código de conducta son pasos cruciales para fomentar una cultura de transparencia en la administración pública. «Se crean herramientas que permitirán a la ciudadanía conocer quiénes están detrás de las decisiones que les afectan», añadió. La consejera también mencionó que el borrador de la ley ha sido el resultado de un proceso participativo que ha recogido más de 400 aportaciones de ciudadanos y organizaciones entre febrero y abril de este año. De estas, el 87% se han incorporado al documento que ahora entra en fase de alegaciones públicas.
### Plataforma Única de Transparencia y Nueva Autoridad de Participación
Además del registro de lobbys, la nueva Ley de Gobierno Abierto contempla la creación de una plataforma única de Transparencia de Canarias. Esta plataforma permitirá a los ciudadanos acceder a toda la información pública de las administraciones y entidades obligadas a rendir cuentas desde un único punto. La consejera enfatizó que esta medida responde a una de las principales demandas de la ciudadanía, que ha expresado su deseo de tener un acceso más fácil y efectivo a la información pública.
La creación de la Autoridad Canaria de Participación es otra de las innovaciones que se incluirán en la ley. Esta nueva institución se encargará de impulsar y facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos participativos de la Comunidad Autónoma. La consejera explicó que esta medida busca abordar la dificultad que muchos ciudadanos enfrentan para participar de manera efectiva en los asuntos públicos. «Queremos que la ciudadanía tenga voz y voto en las decisiones que les afectan», afirmó.
La Ley de Gobierno Abierto no solo representa un avance en términos de transparencia, sino que también busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Al regular la actividad de los lobbys y establecer mecanismos claros de participación, el Gobierno de Canarias espera fomentar un entorno más democrático y participativo.
La consejera concluyó su intervención destacando que la nueva ley es un paso hacia adelante en la modernización de la administración pública en Canarias, y que se espera que su implementación contribuya a una mayor calidad en los servicios públicos y a una mejor relación entre la ciudadanía y sus representantes. Con la entrada en vigor de esta legislación, Canarias se posiciona como una de las comunidades autónomas más avanzadas en materia de transparencia y participación ciudadana en España.
