El archipiélago canario ha tomado una decisión crucial en el manejo de la crisis migratoria que afecta a miles de menores no acompañados. Este miércoles, el Gobierno de Canarias solicitó la declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permitirá el traslado de más de 3.000 niños y niñas a otras comunidades autónomas. Esta medida busca aliviar el hacinamiento en los centros de acogida de las islas, que actualmente albergan a más de 5.000 menores, superando con creces la capacidad asignada de 737 plazas.
La saturación de los centros de acogida ha sido un tema de preocupación constante, y la situación se ha vuelto insostenible. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó la urgencia de esta medida, señalando que «una vez culminada toda la estructura legal, ya no hay más excusas para que la ley se cumpla». La aprobación de esta solicitud por parte de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se espera para esta semana, lo que marcará el inicio de un proceso que busca garantizar el bienestar de estos menores.
### Proceso de Reubicación y Desafíos
El proceso de reubicación no será sencillo. Una vez que se declare la situación de contingencia, los menores que lleguen a las costas canarias podrán ser derivados a otras regiones en un plazo de 15 días. Sin embargo, el Gobierno regional deberá trabajar arduamente para conocer el interés de los menores en ser trasladados y preparar los expedientes necesarios para su reubicación. Clavijo ha solicitado al Estado «agilidad en los procedimientos», reconociendo que se puede mejorar en la gestión de esta crisis.
Para facilitar este proceso, el Ejecutivo autonómico ha decidido contratar a 26 trabajadores adicionales hasta final de año, quienes se encargarán de tramitar la documentación relacionada con los traslados. Esta medida es fundamental para asegurar que los menores reciban la atención adecuada y que sus derechos sean respetados durante todo el proceso.
Según la distribución propuesta por el Ministerio de Juventud e Infancia, las comunidades que más menores recibirían son Andalucía y Madrid, con 677 y 647 niños respectivamente. Esta distribución se ha realizado siguiendo criterios objetivos que consideran la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo y el esfuerzo previo en la acogida de menores. Sin embargo, comunidades como Cataluña y el País Vasco han quedado fuera de este reparto, a pesar de que han mostrado disposición para colaborar en la acogida de menores.
### Reacciones Políticas y Críticas
La decisión de reubicar a los menores migrantes ha generado un intenso debate político. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su confianza en que los recursos legales presentados por algunas comunidades para paralizar la distribución no tendrán éxito. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han argumentado que no cuentan con la capacidad necesaria para asumir la llegada de más menores y que la distribución se ha realizado sin su consentimiento, lo que consideran una invasión de sus competencias.
El presidente de Canarias ha instado a los líderes de estas comunidades a actuar con humanidad y dignidad, recordando que se trata de niños y niñas que merecen un trato adecuado. Clavijo ha enfatizado que «para un país de 50 millones de habitantes, no puede ser un problema distribuir 4.000 niños». Además, ha criticado el uso político que se está haciendo de la crisis migratoria, señalando que algunos partidos están jugando con el sufrimiento de los menores por obtener beneficios electorales.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas regiones de España y Europa. La crisis migratoria ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria entre las distintas comunidades autónomas y el Gobierno central. La reubicación de estos menores es un paso necesario, pero también es fundamental abordar las causas subyacentes de la migración y garantizar que se respeten los derechos de todos los migrantes, especialmente los más vulnerables.
La activación de la contingencia migratoria en Canarias representa un esfuerzo por parte del Gobierno regional para gestionar una situación crítica. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de la colaboración entre las distintas administraciones y de la voluntad política para abordar la crisis migratoria de manera efectiva y humana.
