Los autónomos de Canarias volvieron a movilizarse este domingo en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hicieron como parte de una jornada nacional en 22 provincias. Su mensaje es claro: están al límite. La presión fiscal, la burocracia creciente y la falta de protección social los han llevado a la calle por cuarta vez desde el 30N. No buscan atención mediática. Exigen cambios reales en políticas públicas que afectan su supervivencia diaria.
¿Por qué los autónomos siguen saliendo a la calle en 2026?
La movilización no es espontánea. Es el resultado de una crisis estructural acumulada. Desde 2023, las cuotas de la Seguridad Social han subido un 22 % en promedio. Al mismo tiempo, el tipo efectivo de tributación para pequeños negocios supera el 38 % en muchos casos. No hay ajuste automático por ingresos reales. Tampoco existe un sistema de bonificaciones sostenibles para periodos de baja facturación.
La brecha entre norma y realidad
La Ley de Autónomos 2023 prometió flexibilidad. Pero su implementación ha sido parcial. El mecanismo de cotización por tramos sigue siendo rígido. No refleja fluctuaciones reales de ingresos. Además, el acceso al paro por cese de actividad exige 12 meses de cotización previa y un 75 % de reducción de ingresos. Un umbral inalcanzable para muchos.
¿Qué exigen los autónomos canarios en 2026?
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N lidera la reivindicación. Su demanda central es una cotización proporcional a la facturación real, no a una base mínima fija. También piden la eliminación del recargo por mora en cuotas atrasadas y la creación de un régimen especial de vacaciones remuneradas.
El impacto económico regional
En Canarias, los autónomos representan el 21,4 % del empleo total. Generan el 18 % del PIB insular. Pero el 63 % opera con menos de 15.000 € anuales. Cada cierre de negocio afecta a la cadena de proveedores locales. La falta de liquidez frena la inversión en digitalización y sostenibilidad.
¿Cuál es el marco legal que agrava su situación?
La Ley General de la Seguridad Social no contempla mecanismos de ajuste automático ante crisis sectoriales. Tampoco existe una figura legal equivalente al ERTE autónomo, pese a que el 41 % de los emprendedores canarios sufrió caídas superiores al 40 % en ingresos durante 2025. La Ley de Medidas Urgentes para la Protección del Empleo Autónomo sigue sin aprobarse en el Congreso.
La brecha de representación institucional
Ningún organismo autonómico tiene competencias reales en materia de cotización. La gestión sigue centralizada en Madrid. Las propuestas de la Consejería de Empleo de Canarias carecen de financiación propia. No hay transferencias presupuestarias para bonificaciones regionales.
¿Qué datos clave revelan la gravedad de la situación?
- El 78 % de los autónomos canarios no ha tomado vacaciones en los últimos 12 meses.
- El 61 % paga cuotas superiores al 30 % de sus ingresos netos mensuales.
- Solo el 12 % accedió al paro por cese de actividad en 2025.
- El número de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cayó un 9,2 % interanual en Canarias.
- El 44 % de los nuevos autónomos cierra su actividad antes de cumplir 18 meses.
La persistencia de las protestas no es un síntoma de desgaste. Es una señal de desconfianza institucional profunda. La Plataforma 30N ha mantenido movilizaciones continuas durante 18 meses. Ninguna otra organización del sector ha logrado sostenibilidad similar. Su identidad civil y apolítica refuerza su credibilidad ante la ciudadanía. La presión no se detendrá hasta que se apruebe una reforma real del RETA. Hasta entonces, la calle seguirá siendo su único espacio de representación efectiva.
