El Ministerio de Consumo ha tomado medidas enérgicas contra las prácticas abusivas en el sector inmobiliario, abriendo un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria de ámbito nacional por el cobro de comisiones ilegales. Esta acción se produce en el contexto de la reciente ley de vivienda aprobada en 2023, que prohíbe explícitamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión y formalización del contrato, así como otras comisiones. A pesar de esta normativa, algunas inmobiliarias continúan aplicando estas prácticas, lo que ha llevado a un aumento en las denuncias por parte de asociaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos.
La nueva investigación se suma a un expediente anterior abierto a finales de marzo contra Alquiler Seguro, otra gran agencia inmobiliaria. Aunque el nombre de la segunda empresa no ha sido revelado, se ha indicado que opera en todo el territorio nacional y está siendo investigada por posibles abusos en la gestión del alquiler. Las prácticas denunciadas incluyen el cobro de comisiones ilegales y la obligación de contratar servicios no solicitados, lo que ha generado un clima de desconfianza entre los inquilinos.
Las infracciones en este ámbito están clasificadas como graves o muy graves, con multas que pueden oscilar entre 100.000 euros y un millón de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y del beneficio ilícito obtenido por la inmobiliaria. Según fuentes del Ministerio de Consumo, estas sanciones se aplican para proteger a los inquilinos y garantizar que las inmobiliarias operen dentro de un marco legal justo y transparente.
### Denuncias y Reacciones del Sector
La apertura de estos expedientes se ha visto impulsada por denuncias presentadas por organizaciones como el Sindicato de InquilinasCECU y asociaciones de consumidores como FACUA y la OCU. Estas entidades han instado al Ministerio de Consumo a actuar con firmeza contra las prácticas abusivas en el sector inmobiliario, destacando la necesidad de una mayor regulación y supervisión. FACUA, en particular, ha celebrado la actuación del ministerio y ha instado a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y los ayuntamientos a seguir su ejemplo y tomar medidas contra los fraudes inmobiliarios.
Además, FACUA ha solicitado un cambio en la legislación de protección al consumidor para que todos los expedientes sancionadores sean públicos, similar a lo que ocurre con los procedimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta transparencia podría ayudar a generar confianza en el sector y a disuadir a otras inmobiliarias de incurrir en prácticas ilegales.
La situación actual en el sector inmobiliario no solo se limita a las comisiones ilegales. El Ministerio de Consumo también está llevando a cabo investigaciones en el ámbito de los pisos turísticos, donde se han detectado numerosas irregularidades. Recientemente, se ha ordenado el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales en plataformas como Airbnb, que han sido catalogados como publicidad ilícita. Estas acciones reflejan un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para regular el sector y proteger a los consumidores de prácticas engañosas.
### Implicaciones para Inquilinos y Propietarios
Las acciones del Ministerio de Consumo tienen implicaciones significativas tanto para inquilinos como para propietarios. Para los inquilinos, la posibilidad de que se impongan sanciones a las inmobiliarias que incurren en prácticas abusivas representa una victoria en la lucha por derechos más justos en el alquiler. La ley de vivienda de 2023 fue un paso importante hacia la protección de los inquilinos, y la aplicación de sanciones podría disuadir a otras inmobiliarias de seguir el mismo camino.
Por otro lado, los propietarios que operan de manera ética y cumplen con la normativa vigente pueden beneficiarse de un mercado más justo y transparente. La regulación del sector inmobiliario puede ayudar a equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios, promoviendo un entorno donde ambas partes puedan negociar de manera justa y equitativa.
En resumen, la apertura de expedientes sancionadores por parte del Ministerio de Consumo es un paso crucial en la lucha contra las prácticas abusivas en el sector inmobiliario. A medida que se intensifican las investigaciones y se imponen sanciones, se espera que el mercado inmobiliario se vuelva más transparente y justo para todos los involucrados. Las acciones del ministerio no solo buscan sancionar a las inmobiliarias infractoras, sino también establecer un precedente que fomente un cambio positivo en la industria.
