La remodelación del antiguo cine Royal en Las Palmas de Gran Canaria ha estado marcada por la controversia y la sospecha de corrupción. Este emblemático edificio, que se adquirió en 2018 por el Gobierno de Canarias, ha estado cerrado durante años mientras se espera su transformación en la sede de la Agencia Tributaria Canaria (ATC). Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado con la aparición de grabaciones que involucran a un asesor del ministro de Transportes y un empresario local, lo que ha llevado a una investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La historia comienza en noviembre de 2020, cuando José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), se reunió con Koldo García, un asesor cercano al entonces ministro José Luis Ábalos. Durante esta conversación, Ruz solicitó la mediación de García para ser incluido en una unión temporal de empresas (UTE) que pudiera beneficiarse de futuras adjudicaciones estatales. Esta solicitud se produce en un contexto donde LIC ya había ganado un contrato por 6,5 millones de euros para la remodelación del Royal, pero el Gobierno terminó rescindiendo el contrato debido a incumplimientos por parte de la empresa.
La UCO ha destacado la gravedad de la situación, señalando que la conversación entre Ruz y García revela una posible manipulación en las adjudicaciones de contratos públicos. En el informe de la UCO, se menciona que García tenía la capacidad de influir en la composición de las UTEs que participaban en las licitaciones, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso. La grabación de esta conversación ha sido fundamental para la investigación, ya que muestra un claro intento de amañar las licitaciones en beneficio de ciertas empresas.
La remodelación del cine Royal no solo ha sido un tema de interés local, sino que también ha atraído la atención de las autoridades nacionales. La UCO ha puesto bajo la lupa un total de 78 millones de euros en adjudicaciones a LIC que podrían estar relacionadas con prácticas corruptas. Además, se ha mencionado que parte de los pagos realizados a Koldo García podrían haber llegado a José Luis Ábalos, lo que añade una capa adicional de complejidad a este escándalo.
El antiguo cine Royal fue adquirido por el Gobierno de Canarias en un contexto de promesas de modernización y mejora de los servicios públicos. Sin embargo, a medida que pasan los años, la falta de avances en la remodelación ha generado frustración entre los trabajadores de la ATC, quienes esperan ansiosos la mudanza a sus nuevas instalaciones. A día de hoy, se estima que el Gobierno ha invertido alrededor de 25 millones de euros en este proyecto, que sigue sin materializarse.
La situación se complica aún más con la revelación de que Koldo García no solo tuvo conversaciones con Ruz, sino que también se comunicó con Isabel Pardo de Vera, quien ocupó un cargo importante en Adif. En esta conversación, García intentó obtener información sobre la posibilidad de que LIC recibiera más contratos, lo que refuerza la idea de que existía una red de influencias que favorecía a ciertas empresas en detrimento de otras.
La corrupción en la adjudicación de contratos públicos es un problema que ha afectado a muchas administraciones en España, y el caso del cine Royal es solo un ejemplo más de cómo estas prácticas pueden socavar la confianza en las instituciones. La UCO ha dejado claro que la investigación continuará, y se espera que se tomen medidas para esclarecer los hechos y, si es necesario, llevar a los responsables ante la justicia.
Mientras tanto, la situación del antiguo cine Royal sigue siendo un símbolo de la ineficacia administrativa y la falta de transparencia en la gestión pública. Los ciudadanos de Canarias merecen respuestas y, sobre todo, un compromiso real por parte de sus gobernantes para erradicar la corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y eficiente. La remodelación del Royal debería ser una oportunidad para revitalizar la ciudad y mejorar los servicios, pero en su lugar, se ha convertido en un escándalo que pone en entredicho la integridad de quienes están al frente de la administración pública.
