La reciente Conferencia Extraordinaria de Infancia, celebrada en Madrid, ha dejado a Canarias en una situación de incertidumbre y descontento. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) se manifestaron en contra de los criterios propuestos por el Ministerio de Infancia para el reparto de menores migrantes no acompañados. Este desacuerdo ha sido calificado por las autoridades canarias como un «paso atrás» en la búsqueda de soluciones a la crisis de menores en las islas.
La reunión, que se extendió por más de cuatro horas, culminó sin un consenso que permitiera avanzar en la distribución de estos menores, lo que ha generado una sensación de frustración en el Gobierno de Canarias. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, expresó su decepción, señalando que la falta de acuerdo no solo afecta a la gestión de los menores, sino que también evidencia la dificultad de las comunidades para abordar un problema que ha alcanzado niveles críticos en las islas.
### Contexto del Reparto de Menores Migrantes
El real decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados establece que cualquier acuerdo debe ser alcanzado por unanimidad. En caso de no lograrlo, se aplicarán los criterios ya establecidos en la norma, que consideran factores como la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo y la capacidad estructural del sistema de acogida. Estos parámetros son cruciales para determinar cómo se distribuirán los menores entre las diferentes comunidades autónomas.
Canarias, que actualmente alberga a casi 6,000 menores extranjeros tutelados, ha visto cómo su sistema de acogida se ha visto desbordado. Inicialmente, se había previsto un sistema capaz de acoger a 1,700 menores, de los cuales solo 200 plazas estaban destinadas a migrantes no acompañados. La situación ha llevado a las autoridades canarias a solicitar un reparto más equitativo y solidario, pero la negativa del PP ha complicado aún más la situación.
La ministra de Infancia, Sira Rego, ha anunciado que en dos meses se convocará otra reunión para discutir la posibilidad de aprobar nuevos criterios de reparto. Sin embargo, esta noticia no ha sido bien recibida en Canarias, donde se teme que la falta de acción inmediata pueda agravar la crisis actual. Delgado subrayó que la saturación de los centros de acogida en las islas es un problema urgente que requiere atención inmediata.
### Reacciones Políticas y Críticas
La falta de acuerdo en la Conferencia ha suscitado reacciones diversas entre los partidos políticos. La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, criticó al PP por su negativa a colaborar en el reparto de menores, acusándolos de dar un «portazo» a las necesidades de Canarias. Fierro enfatizó que el rechazo del PP a los criterios propuestos no solo es un obstáculo para la gestión de los menores, sino que también refleja una falta de compromiso con la situación crítica que enfrenta la comunidad.
Por otro lado, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha calificado la convocatoria de la Conferencia como «ilegal» y ha acusado al Gobierno de utilizar los mecanismos institucionales para fines que no benefician al interés superior del menor. Esta acusación ha añadido más tensión al debate, ya que el PP ha sostenido que el Gobierno ha actuado de manera irregular al convocar esta reunión extraordinaria.
A medida que la situación se complica, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mantenido una postura firme en su rechazo a los criterios de reparto, lo que ha llevado a un estancamiento en la búsqueda de soluciones. La falta de consenso no solo afecta a los menores migrantes, sino que también pone de manifiesto las divisiones políticas que existen en torno a la gestión de la crisis migratoria en España.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un tema que requiere atención urgente y un enfoque colaborativo entre las diferentes comunidades autónomas. La falta de acuerdo en la Conferencia de Infancia ha dejado a Canarias en una posición vulnerable, y la necesidad de un reparto equitativo y solidario se vuelve cada vez más apremiante. Sin embargo, el camino hacia un consenso parece estar lleno de obstáculos, lo que plantea serias dudas sobre el futuro de los menores migrantes en las islas.
