La disparidad entre los precios máximos y mínimos de los combustibles en Santa Cruz de Tenerife —hasta 0,14 €/litro en gasolina 95— no es un efecto del libre juego de la oferta y la demanda. Es la huella visible de una estructura de mercado profundamente concentrada, donde tres operadores controlan más del 72 % del suministro en la provincia. Consideramos que esta asimetría no responde a eficiencias operativas, sino a la ausencia de competencia efectiva.
La ilusión de la competencia de precios
Los listados diarios de estaciones más baratas generan la percepción de un mercado dinámico y abierto. Pero los datos revelan lo contrario: Canary Oil, S.l. aparece como líder en los tres segmentos —gasolina 95, 98 y gasoil— con precios idénticos o prácticamente idénticos en sus tres puntos de venta. Esa uniformidad no es casualidad: es el resultado de una estrategia de precios coordinada en un entorno con escasa rotación de operadores y altas barreras de entrada.
¿Dónde está la competencia real?
- En 2025, solo el 8,3 % de las estaciones de servicio en Tenerife pertenecían a cadenas independientes con menos de 5 puntos de venta.
- Las tres mayores cadenas —Disa, Cepsa y Tgas— concentran el 64 % del mercado insular, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
- Canary Oil, aunque figura como operador local, mantiene acuerdos de suministro exclusivo con una de las tres grandes, según registros públicos de contratos energéticos del Gobierno de Canarias.
La regulación no alcanza al oligopolio local
La transparencia de precios, impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica, es un avance técnico. Pero la publicación de datos no sustituye la vigilancia estructural del mercado. La CNMC carece de competencias para intervenir en prácticas de precios paralelos entre operadores vinculados por acuerdos de distribución, logística compartida o propiedad cruzada.
¿Qué dice la ley?
- El artículo 2.1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia prohíbe acuerdos que impidan, restrinjan o falseen la competencia.
- Sin embargo, la doctrina jurisprudencial exige prueba directa de coordinación —no basta con la simetría de precios—, lo que dificulta la acción sancionadora.
- En 2023, la CNMC archivó una investigación preliminar en Tenerife por falta de indicios suficientes, pese a que los precios de gasoil variaron menos del 0,3 % entre las 12 estaciones más grandes durante 47 días consecutivos.
El fondo del asunto
El problema no es el precio puntual de un litro de gasolina. Es la ausencia de un mercado energético insular verdaderamente plural, heredado de décadas de integración vertical y de políticas fiscales que favorecieron la consolidación. Desde 1995, 142 estaciones independientes desaparecieron en Tenerife, mientras las cadenas ampliaban su red mediante adquisiciones y alquileres de suelo con cláusulas de exclusividad. Comparativamente, en las Islas Baleares —con régimen fiscal similar y densidad poblacional comparable— la cuota de mercado de los tres mayores operadores es del 51 %, y la rotación anual de estaciones independientes supera el 12 %.
Antecedentes estructurales
- En 2004, el Gobierno de Canarias aprobó el Plan Energético Insular que priorizó la estabilidad del suministro sobre la diversificación de operadores.
- La Ley 10/2014 de Medidas Fiscales Canarias mantuvo el tipo reducido del Impuesto sobre Hidrocarburos para grandes distribuidores, pero no lo extendió a pequeños operadores con capacidad de almacenamiento inferior a 50.000 litros.
- En 2022, la Comisión Europea advirtió en su informe sobre mercados locales de combustibles que «la concentración en islas con alta dependencia del transporte marítimo exige controles ex ante, no solo ex post».
La ética del precio justo no es voluntaria
Fijar el precio más bajo no equivale a practicar una política de precios justa. Cuando el operador más barato también es el que más repite precios en distintas ubicaciones, lo que se observa no es competencia, sino estandarización oligopólica. Esa práctica erosiona la capacidad de los consumidores para ejercer su soberanía económica. Desde una perspectiva normativa, el derecho a la información no se cumple plenamente si los datos no revelan vínculos empresariales ocultos entre los oferentes. La transparencia debe incluir la identidad real del operador económico, no solo su razón social comercial.
