La aceleración burocrática de licencias urbanísticas en Canarias no es una solución a la escasez de vivienda asequible, sino una máscara que oculta la ausencia de una política habitacional coherente, la falta de control sobre la especulación inmobiliaria y la desarticulación entre planificación territorial y necesidades sociales.
La falsa promesa de la agilización administrativa
Reducir tiempos de tramitación no garantiza más viviendas ni más asequibles. En 2023, Canarias aprobó el Plan Insular de Vivienda de Gran Canaria con plazos similares de simplificación: el 72 % de los expedientes licenciados no se ejecutaron en los dos años siguientes.
El dato revelador: solo el 12 % de las licencias otorgadas en 2024 correspondieron a vivienda protegida
Según el Instituto Canario de Estadística, de 4.812 licencias urbanísticas concedidas en 2024, apenas 577 fueron para vivienda de protección oficial. El resto, mayoritariamente, para turismo residencial y segunda residencia. Agilizar el trámite sin condicionar su destino es legalizar la exclusión.
La especulación inmobiliaria opera con impunidad institucional
Canarias registra el mayor incremento interanual de precios de suelo urbano en España: +28,4 % en 2025 (INE). Sin embargo, el proyecto de ley no incluye mecanismos de intervención en el mercado del suelo ni obliga a la cesión de terrenos públicos para vivienda social.
Comparativa con Cataluña: allí, el 30 % del suelo urbanizable debe destinarse a vivienda protegida por ley
En 2022, Cataluña aprobó la Ley de Vivienda que vincula la concesión de licencias a la reserva mínima de viviendas protegidas y al control de precios de alquiler. Canarias carece de un marco normativo equivalente. La ausencia no es técnica: es voluntad política.
La fragmentación competencial debilita la acción pública
La gestión urbanística en Canarias se reparte entre el Gobierno autónomo, los cabildos insulares y los 88 ayuntamientos. Esta dispersión permite que los municipios con menor presión demográfica dilaten o rechacen planes de vivienda, mientras las islas más pobladas —como Tenerife y Gran Canaria— soportan el 83 % de la demanda.
Precedente histórico: la Ley de Suelo de 1998 nunca se aplicó con coherencia en el archipiélago
Desde su aprobación, los planes generales municipales han sido modificados 147 veces entre 2010 y 2025, casi siempre para ampliar zonas residenciales turísticas. La agilización actual no corrige esa deriva: la refuerza.
El fondo del asunto
La raíz del problema no es la lentitud administrativa, sino un modelo territorial basado en la economía turística y la inversión extranjera, no en el derecho a la vivienda. Desde la Ley del Suelo de 1998 hasta la actual Ley de Cambio Climático de Canarias (2023), las normas han priorizado la adaptación del territorio al mercado, no al bien común. En 2025, el 41 % de los hogares canarios gasta más del 40 % de sus ingresos en alquiler —el doble de la media nacional—, y el parque de vivienda vacía supera las 120.000 unidades. Agilizar licencias sin abordar esta paradoja es gestionar la escasez como si fuera una falla operativa, no una decisión política.
- El 68 % de los suelos urbanizables en Canarias están en manos privadas, según el Catastro 2025
- Ningún municipio canario ha activado el derecho de tanteo y retracto en los últimos tres años
- La Ley de Vivienda Estatal (2023) obliga a los ayuntamientos a declarar zonas tensionadas: solo 12 de los 88 lo han hecho en Canarias
