Canarias no reclama una mera reasignación de recursos: exige reconocimiento estructural de su condición insular, periférica y ultraperiférica, y con ello, el control efectivo sobre 1.100 millones adicionales para garantizar servicios públicos dignos y sostenibles. Sin esa autonomía financiera real, cualquier acuerdo será cosmético y efímero.
El REF y el IGTE no son negociables: son derechos constitucionales y estatutarios
El Consenso del Consejo Asesor —que reúne al Gobierno regional, CC OO, UGT y la patronal— no es una estrategia táctica. Es una defensa institucional de lo que el Estatuto de Autonomía y la Constitución ya reconocen: el Régimen Económico y Fiscal (REF) no es un privilegio, sino una compensación por desventajas objetivas. Lo mismo ocurre con los ingresos del antiguo IGTE, hoy integrados en el sistema de financiación pero cuya naturaleza específica —vinculada al tráfico de mercancías en zonas ultraperiféricas— exige tratamiento diferenciado.
El Tribunal Constitucional ya ha reafirmado la intangibilidad del REF
En sentencia 112/2015, el TC declaró que el REF forma parte del «núcleo esencial» del autogobierno canario. Además, el Reglamento (UE) 2021/1060 exige que las regiones ultraperiféricas reciban financiación adicional «para compensar los costes estructurales derivados de su situación geográfica». Negociar el REF dentro del sistema común no es ajuste técnico: es vulneración del marco jurídico europeo y nacional.
La cifra de 1.100 millones no es arbitraria: es el déficit real de cobertura
El cálculo no surge de una aspiración política, sino de un análisis técnico del gasto obligado por la Ley Orgánica 13/2011 (Régimen Especial de Canarias) y del informe del Instituto Canario de Estadística (2025): el coste adicional de prestar sanidad, educación y transporte en islas separadas por 100 km de océano supera los 920 millones anuales. A ello se suman 180 millones por sobrecostes logísticos en abastecimiento público. Esa cifra —1.100 millones— es conservadora, no maximalista.
Comparativa con otras regiones ultraperiféricas confirma la brecha
La Guayana Francesa recibe 320 euros per cápita anuales en fondos estructurales adicionales. Canarias recibe 87. En Azores, el 22 % del presupuesto regional proviene de compensaciones por ultraperiferia. En Canarias, apenas el 7 %. La brecha no es estadística: es ética y funcional.
La financiación no es un premio: es una condición para la igualdad real
Decir que «cada euro para Canarias es un euro menos para otra comunidad» reproduce una lógica centralista obsoleta. La Constitución no establece competencia compartida en financiación: establece competencia exclusiva de las comunidades en la gestión de sus recursos propios y en la ejecución de sus servicios. El sistema actual convierte a las autonomías en meros gestores de fondos asignados desde Madrid, sin capacidad para priorizar según necesidades locales.
El modelo de Alemania y Suiza demuestra que descentralización fiscal fortalece la cohesión
En Alemania, el Finanzausgleich garantiza transferencias automáticas basadas en indicadores objetivos (densidad poblacional, superficie, costes de transporte), sin renegociación anual. En Suiza, los cantones definen hasta el 70 % de sus ingresos tributarios. Ambos sistemas reducen la litigiosidad y aumentan la previsibilidad. Canarias no pide copiarlos: pide aplicar su propio Estatuto con la misma seriedad con que se aplica el de otras comunidades.
El fondo del asunto: la financiación autonómica sigue anclada en un modelo del siglo XX
El sistema actual nació en 1980, diseñado para comunidades peninsulares con infraestructuras terrestres consolidadas. No contempla islas, ni costes de insularidad, ni el principio de cohesión territorial exigido por el Tratado de Lisboa. El problema no es la generosidad del Estado: es su incapacidad estructural para medir, reconocer y compensar desigualdades geográficas reales. Mientras el CPFF siga operando como una mesa de reparto entre intereses regionales, y no como un órgano de corrección de asimetrías, cualquier acuerdo será provisional y desgastante.
El verdadero desafío no es conseguir 1.100 millones. Es construir un sistema donde Canarias deje de pedir permiso para financiar lo que la Constitución ya le reconoce como competencia exclusiva: la sanidad, la educación, el transporte público y la protección social. Eso no es soberanía fiscal. Es igualdad real en el Estado autonómico.
