La llegada de menores migrantes no acompañados a Canarias ha caído un 62 % en 2025 frente a 2024. Esto ha permitido descomprimir los centros de acogida. Ahora los profesionales ofrecen atención multidisciplinar, seguimiento individualizado y espacios adecuados. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha sido clave para redistribuir a los menores a otras comunidades autónomas. La calidad de la acogida ya no depende de la urgencia, sino de los estándares técnicos y éticos exigidos por la normativa.
¿Cómo ha cambiado la atención a menores migrantes no acompañados tras la caída de llegadas?
La reducción de entradas ha transformado la lógica operativa de los centros. Antes, la prioridad era ampliar plazas a toda costa. Ahora, el foco está en la calidad del acompañamiento psicosocial, la escolarización temprana y la integración familiar o tutelar.
Los recursos están operando al 60 % de su capacidad. Esto permite flexibilidad ante posibles repuntes. También facilita la contratación estable de trabajadores sociales, psicólogos y educadores especializados.
La importancia de la estabilidad laboral en los equipos
Los profesionales ya no rotan cada tres meses. La continuidad del equipo mejora la vinculación afectiva con los menores. Esto reduce el riesgo de retraimiento, ansiedad y desapego emocional.
¿Qué papel juega la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería?
La reforma obliga a derivar a los menores no acompañados a comunidades autónomas con capacidad de acogida. Antes, Canarias asumía más del 80 % de los casos. Ahora, la distribución es equilibrada y obligatoria.
Esto ha aliviado la presión sobre los recursos insulares. También ha activado mecanismos de coordinación interautonómica. Por ejemplo, se han creado protocolos comunes de evaluación de riesgo y de trazabilidad de expedientes.
El impacto económico de la redistribución
La descentralización ha reducido los costes operativos en Canarias en un 37 %. Los fondos públicos ahora se destinan a mejorar infraestructuras, no a alquilar espacios improvisados. Además, se ha incrementado un 22 % la inversión en formación continua del personal.
¿Qué implica esta nueva fase para los derechos de los menores?
La caída de llegadas no es una victoria, sino una oportunidad para consolidar estándares. La Convención sobre los Derechos del Niño exige que toda decisión se tome con el interés superior del menor como criterio rector.
Actualmente, los centros aplican evaluaciones psicológicas obligatorias en las primeras 72 horas. También se garantiza el acceso inmediato a la sanidad y a la educación formal.
La brecha entre norma y práctica
Aún persisten desafíos. Algunos menores siguen esperando más de 45 días para obtener su tutela legal. Otros carecen de acompañamiento jurídico especializado en derecho de extranjería. Estas demoras afectan su estabilidad emocional y su proyección futura.
¿Cuál es el contexto legal y práctico actual de la acogida?
El marco se sustenta en tres pilares: la Ley Orgánica 4/2000, la Ley 26/2015 de protección a la infancia y la Directiva 2013/33/UE. Todos exigen que la acogida sea temporal, proporcional y centrada en la recuperación del menor.
En la práctica, esto se traduce en la eliminación de alojamientos colectivos masivos. También en la creación de unidades de acogida familiar y de pequeños grupos (máximo 8 menores por recurso).
Datos Clave
- En 2024 llegaron 46.843 personas migrantes a Canarias; en 2025, solo 17.800.
- El 74 % de los menores acogidos en 2025 ya están escolarizados antes del mes de ingreso.
- La reforma del artículo 35 ha permitido derivar a 1.240 menores a otras CCAA desde enero de 2025.
- El tiempo medio de resolución de expedientes de tutela bajó de 68 a 39 días entre 2024 y 2025.
- El 92 % de los centros ahora cumplen con los requisitos mínimos de la Orden TMA/1025/2022 sobre calidad en acogida.
La caída en llegadas no debe interpretarse como una solución definitiva. Es un respiro técnico para reforzar sistemas que deben ser resilientes ante cualquier escenario. La sostenibilidad de la acogida depende de la estabilidad normativa, la financiación previsible y el reconocimiento del trabajo especializado. Sin estos tres elementos, cualquier mejora queda expuesta a la volatilidad de las cifras.
