Los sindicatos CC OO y UGT preparan movilizaciones masivas para septiembre y octubre de 2026. Su objetivo es forzar a la CEOE a retomar las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El anterior pacto expiró en 2025 sin renovación. La presión se intensifica tras declaraciones públicas de la patronal que vinculan el absentismo laboral con la necesidad de reformar el modelo de relaciones laborales. El escenario es crítico: sin acuerdo, se paralizan los convenios colectivos en más de 1.200 sectores.
¿Por qué los sindicatos anuncian un «otoño caliente» en 2026?
El término no es retórico. CC OO y UGT han activado protocolos de alerta temprana. Unai Sordo, secretario general de CC OO, confirmó que se impulsarán procesos de huelga sectoriales si la CEOE no convoca una mesa de negociación antes de julio. La estrategia se basa en tres ejes: movilización territorial, presión en sectores clave (logística, hostelería, sanidad y educación) y coordinación con plataformas de trabajadores precarios.
La patronal, por su parte, insiste en que el absentismo —que costó 33.000 millones de euros en 2025— debe ser prioridad. Pero los sindicatos rechazan esa agenda. Argumentan que el 72 % de las bajas por incapacidad temporal derivan de condiciones laborales inseguras o sobrecarga horaria. No son ausencias injustificadas, sino señales de alarma.
¿Qué dice el marco legal sobre la negociación del AENC?
El AENC no es un acuerdo voluntario. Su base jurídica está en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 86, y en la Ley 23/2015 de Reforma del Sistema de Negociación Colectiva. Estas normas obligan a agentes sociales a negociar con «buena fe» y «voluntad de acuerdo». La Inspección de Trabajo puede intervenir si se detecta dilación injustificada. Además, el Consejo Económico y Social (CES) ha advertido que la falta de pacto frena la convergencia salarial con la UE y debilita la productividad laboral.
La Sentencia 122/2024 del Tribunal Constitucional reafirmó que los acuerdos colectivos tienen rango normativo. Su ausencia genera vacíos legales en salarios mínimos sectoriales, jornadas máximas y derechos de formación.
¿Cuál es el impacto económico real de la paralización del AENC?
La ausencia de un nuevo pacto salarial ya está generando efectos tangibles:
- Los convenios colectivos firmados en 2025 se están aplicando con cláusulas de revisión automática vinculadas al IPC, lo que genera desigualdad salarial entre sectores.
- El índice de negociación colectiva cayó un 41 % interanual en el primer trimestre de 2026, según el Ministerio de Trabajo.
- Las empresas que no renuevan convenios pierden acceso a bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social, estimadas en 1.200 millones anuales.
- El Banco de España advirtió en su Informe de Estabilidad Financiera (junio 2026) que la incertidumbre salarial frena la inversión en formación y reduce la tasa de retención de talento en pymes.
Datos Clave
- El AENC expiró oficialmente el 31 de diciembre de 2025.
- La CEOE exige incluir el absentismo como eje central; los sindicatos lo califican de «espantajo negociador».
- Más del 60 % de las bajas por incapacidad temporal se concentran en sectores con jornadas superiores a 40 horas semanales.
- El coste económico del absentismo se reparte: 16.500 M€ a empresas y 16.500 M€ a la Seguridad Social.
- Sin AENC, se paralizan los mecanismos de actualización salarial automática para 8,2 millones de trabajadores.
¿Qué papel juegan los intereses políticos en esta disputa?
El discurso de la CEOE ha incorporado términos como «desorden social» y «falta de responsabilidad ciudadana», lo que ha generado críticas por parte de sindicatos y juristas. CC OO denuncia que algunos representantes patronales han cuestionado abiertamente el modelo constitucional español, alineándose con narrativas autoritarias. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe en mayo de 2026 advirtiendo sobre el riesgo de instrumentalización de la negociación colectiva con fines partidistas.
Esta politización afecta la credibilidad del diálogo social. El Pacto de Toledo y el Consejo de Relaciones Laborales han pedido una «descontaminación urgente» del debate. La Comisión Europea, por su parte, incluyó a España en su informe de 2026 sobre «riesgos de erosión del diálogo social».
¿Qué sigue en las próximas semanas?
- 10 de julio: Plazo final para que CEOE convoque mesa de negociación, según ultimátum de CC OO y UGT.
- 15 de julio: Inicio de asambleas sectoriales para decidir calendario de huelgas.
- 1 de septiembre: Posible inicio de huelgas rotativas en logística y transporte.
- 15 de octubre: Fecha límite para alcanzar un acuerdo preliminar, según el calendario sindical.
