El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) entró en vigor el 12 de junio de 2026. Canarias ya no es solo una ruta migratoria. Ahora es un laboratorio de aplicación de una normativa que prioriza el control sobre la protección. El Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria y CEAR advierten: sin recursos reales y sin corresponsabilidad, las islas se convertirán en una cárcel migratoria.
¿Qué cambia con el Pacto Europeo de Migración y Asilo?
El PEMA no es una reforma técnica. Es un giro estratégico. Sustituye el enfoque basado en derechos por uno centrado en la gestión de flujos. Introduce mecanismos como el procedimiento acelerado de asilo y la evaluación de admisibilidad en frontera, aplicables desde el primer contacto.
Esto implica que una persona que llega en patera a Las Palmas puede ser evaluada en menos de 12 semanas. Pero no hay infraestructura ni personal suficiente para garantizar esa velocidad con garantías legales.
El riesgo de la externalización sin control
La UE refuerza acuerdos con terceros países para contener migraciones antes de que lleguen a su territorio. Canarias, como frontera sur de la UE, absorbe las consecuencias de esas políticas. No hay mecanismos de supervisión ni de rendición de cuentas sobre cómo se aplican esos acuerdos en Mauritania, Senegal o Marruecos.
¿Por qué Canarias se siente abandonada?
Canarias recibe el 87 % de las llegadas irregulares por mar a España. Sin embargo, recibe menos del 15 % de los fondos europeos para migración. El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI+) no contempla criterios de proporcionalidad territorial. No se ajusta a la presión real.
Falta de coordinación entre administraciones
El Estado central no ha trasladado a las comunidades autónomas ni al Cabildo los protocolos operativos del PEMA. No hay instrucciones claras sobre quién asume la acogida, quién gestiona los centros de internamiento y quién garantiza el acceso a la asesoría jurídica. Esa ambigüedad genera parálisis administrativa.
¿Qué dice el marco legal español sobre la responsabilidad compartida?
La Ley Orgánica 4/2000 establece que la política migratoria es competencia exclusiva del Estado. Pero el Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce la singularidad del archipiélago. El Tribunal Constitucional ha ratificado que esta singularidad obliga al Estado a adoptar medidas específicas.
Sin embargo, el PEMA no incorpora esa excepcionalidad. Tampoco el Real Decreto 557/2011, que regula los procedimientos de asilo, ha sido modificado para adaptarse al nuevo régimen comunitario.
La brecha entre norma y práctica
En la práctica, los servicios sociales canarios gestionan el 92 % de los casos de acogida. Los centros de internamiento están saturados. El tiempo medio de resolución de una solicitud de asilo en Canarias es de 14 meses —el doble del promedio europeo. El PEMA exige 12 semanas. Esa contradicción no se resuelve con decretos, sino con inversión y transferencia de competencias.
¿Cuál es el impacto económico real del PEMA en Canarias?
El turismo representa el 32 % del PIB canario. Cualquier estigmatización de las islas como “puerta de entrada irregular” afecta la percepción internacional. Además, el coste anual de la gestión migratoria en Canarias supera los 180 millones de euros. El 74 % lo asume la Administración autonómica y local. Solo el 26 % proviene de fondos estatales y europeos.
Datos Clave
- El PEMA entró en vigor el 12 de junio de 2026, sin protocolos operativos adaptados a territorios insulares.
- Canarias recibe el 87 % de las llegadas marítimas a España, pero menos del 15 % de los fondos europeos para migración.
- El tiempo medio de resolución de asilo en Canarias es de 14 meses, frente a las 12 semanas exigidas por el PEMA.
- El 92 % de la acogida inicial la gestionan servicios sociales autonómicos y locales, no el Estado.
- No existe un marco legal español que adapte la Ley Orgánica 4/2000 ni el Real Decreto 557/2011 al PEMA.
El PEMA no es solo una norma. Es una prueba de fuego para el modelo de cooperación europea. Si no se reconoce la singularidad geográfica, la capacidad de absorción real y la corresponsabilidad financiera, Canarias no será una frontera gestionada. Será una frontera abandonada.
