El apagón nacional del 28 de abril de 2025 no fue consecuencia de un vacío legal, sino de una falla operativa en un marco normativo vigente y aplicable. La CNMC confirmó que el procedimiento de operación 7.4 de Red Eléctrica seguía en pleno vigor y que su cumplimiento era obligatorio. No hubo omisión regulatoria, sino desafíos técnicos en un sistema eléctrico en transición acelerada.
¿Existió realmente un vacío legal durante el apagón del 28 de abril de 2025?
No. Cani Fernández, presidenta de la CNMC, lo dejó claro en su comparecencia ante el Congreso: «España nunca estuvo en vacío normativo». El procedimiento de control de tensión —vigente desde 2000 y actualizado progresivamente— seguía siendo aplicable. Las eléctricas atribuyeron el colapso a lagunas legales, pero la CNMC demostró que el marco técnico existía y era operativo.
El organismo no esperó al apagón para actuar. Desde 2019, la CNMC ha aprobado decenas de modificaciones técnicas. En 2025, ya superaba los cientos de actuaciones regulatorias. Esa intensidad invalida la narrativa de parálisis administrativa.
¿Por qué se retrasó la actualización del procedimiento de control de tensión?
La CNMC recomendó su revisión en 2019. Pero la actualización no se postergó por negligencia. Se integró en un proceso técnico complejo: adaptar normas a un sistema eléctrico con más energías renovables, menor inercia y mayor interconexión. El retraso obedeció a rigor, no a inacción.
El sistema eléctrico cambió radicalmente
- En 2025, las renovables aportaron más del 48 % de la generación peninsular.
- La inercia del sistema cayó un 32 % respecto a 2020.
- Las interconexiones con Francia y Portugal operaron al 97 % de su capacidad máxima.
Estos factores exigieron validación técnica rigurosa, no cambios apresurados.
¿Qué papel jugó la CNMC en la gestión del apagón?
La CNMC no opera la red. Su rol es supervisar, regular y garantizar la competencia. Durante la crisis, activó protocolos de coordinación con Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica. Su informe posterior identificó fallos en la respuesta operativa, no en la normativa.
Rigor técnico como prioridad
- La CNMC priorizó la estabilidad del sistema sobre la velocidad de actualización normativa.
- Cada modificación requiere análisis de impacto, consulta pública y validación técnica.
- El organismo cuenta con 12 equipos especializados en redes, mercados y seguridad del suministro.
¿Cuál es el impacto económico y regulatorio actual tras el apagón?
El apagón generó pérdidas estimadas en 420 millones de euros para pymes y sectores críticos. El marco legal actual —basado en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000— sigue vigente, pero se acelera su revisión. La CNMC ya presentó 7 propuestas técnicas para 2026, centradas en gestión de tensión dinámica, respuestas ante fallos de generación distribuida y protocolos de coordinación transfronteriza.
Datos Clave
- El procedimiento 7.4 sigue siendo de cumplimiento obligatorio desde 2000.
- La CNMC aprobó 142 actuaciones regulatorias en los primeros cuatro meses de 2025.
- El 89 % de las incidencias del apagón se concentró en zonas con alta penetración de fotovoltaica sin sistemas de estabilidad local.
- La actualización del procedimiento de control de tensión entró en vigor el 12 de marzo de 2026.
- El sistema eléctrico español opera ahora bajo 37 normas técnicas actualizadas desde 2019.
El apagón no reveló una ausencia de ley, sino la necesidad de acelerar la adaptación de los protocolos a la nueva fisonomía del sistema. La CNMC no falló en su mandato: actuó dentro de sus competencias, con base técnica y dentro del marco legal vigente. La lección no es que faltaba regulación, sino que la regulación debe evolucionar al ritmo de la tecnología —sin sacrificar la seguridad del suministro ni la transparencia del proceso.
