El barco turco generador de electricidad se ha convertido en el eje de una tensa negociación entre el Gobierno de Canarias y los actores económicos locales. Su instalación en el Puerto de Las Palmas busca evitar un cero energético, pero choca con limitaciones físicas, legales y operativas del recinto portuario. La propuesta implica ocupar 200 metros de muelle durante al menos cinco años.
¿Por qué el barco turco es considerado la única solución para evitar apagones en Gran Canaria?
La isla enfrenta un déficit energético estructural. Las centrales térmicas existentes están envejecidas. Las renovables aún no cubren la demanda pico. El barco generador —una central flotante de origen turco— ofrece 200 MW de potencia inmediata. No requiere obras civiles largas. Su puesta en marcha es más rápida que la de una planta terrestre.
Sin embargo, su viabilidad depende de la capacidad del puerto. Actualmente, el Puerto de Las Palmas opera al 98 % de su capacidad. No dispone de un muelle de atraque adecuado ni de infraestructura eléctrica de interconexión certificada.
¿Qué dicen las patronales y la Autoridad Portuaria sobre la instalación?
Asocelpa, Fedeport y Oneport rechazaron inicialmente la propuesta. Argumentan que el puerto no es un espacio de reserva energética. Es una infraestructura estratégica para el comercio, el turismo y el transporte marítimo. La ocupación prolongada de 200 metros afectaría operaciones logísticas clave.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, subrayó la falta de línea de atraque técnica y reglamentaria. Además, el barco exige conexiones subterráneas de alta tensión que no están previstas en el Plan Director Portuario 2030.
Impacto económico real del proyecto
- Cada mes de retraso en la solución energética cuesta a la economía insular unos 12 millones de euros en pérdidas productivas.
- La instalación del barco implica una inversión pública estimada en 180 millones de euros, financiada con fondos europeos NextGenerationEU.
- El alquiler anual del buque supera los 35 millones de euros, con contrato de operación mínima de cinco años.
¿Qué marco legal regula la instalación de centrales flotantes en puertos españoles?
No existe una normativa específica para centrales flotantes en la Ley de Puertos del Estado ni en la Ley del Sector Eléctrico. Su autorización requiere coordinación entre tres administraciones: el Ministerio de Transportes (competencia portuaria), el Ministerio para la Transición Ecológica (competencia energética) y el Gobierno de Canarias (competencia en materia de planificación energética insular).
El Real Decreto-Ley 14/2023 habilita soluciones excepcionales ante emergencias energéticas. Pero exige informes técnicos previos de seguridad, impacto ambiental y compatibilidad portuaria. Hasta la fecha, ninguno ha sido publicado.
Datos Clave
- El barco mide 200 metros de eslora y requiere una profundidad mínima de 12 metros.
- Su operación generará 420.000 toneladas anuales de CO₂, según cálculos de la Agencia Canaria de la Energía.
- El puerto carece de espacio físico disponible: solo 12 metros lineales están libres en el muelle de La Luz.
- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exige garantías de suministro continuo y transparencia tarifaria.
¿Cuál es el impacto real en la transición energética de Canarias?
La instalación del barco turco es una medida transitoria. No sustituye la necesidad de acelerar el despliegue de energía eólica marina, almacenamiento con baterías y redes inteligentes. El Plan Energético de Canarias 2030 prevé cerrar todas las centrales térmicas para 2028. Pero el retraso en los parques eólicos marinos de Gran Canaria —cuya licitación se pospuso a 2027— ha generado un vacío que el barco pretende llenar.
Sin embargo, su uso prolongado podría desincentivar inversiones privadas en soluciones sostenibles. Además, su dependencia de gasoil importado vulnera los objetivos de soberanía energética y descarbonización del Archipiélago.
El debate ya trasciende lo técnico. Es un test de gobernabilidad, coherencia normativa y priorización real de la transición ecológica frente a la urgencia operativa.
