En un contexto donde la gestión de los aeropuertos se ha convertido en un tema candente en Canarias, el Gobierno regional ha encontrado un inesperado aliado en la oposición. La reciente demanda de competencias aeroportuarias por parte del Ejecutivo canario ha sido respaldada tanto por el PSOE como por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), lo que refleja una unidad política en torno a una cuestión que afecta directamente a la economía y al bienestar de los ciudadanos del archipiélago.
La reclamación se fundamenta en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que otorga a las islas la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos de interés general, siempre que el Estado no reserve su gestión directa. Actualmente, los ocho aeropuertos canarios están bajo la gestión de Aena, una entidad que ha sido objeto de críticas por su enfoque en maximizar beneficios a expensas de las necesidades locales.
### La Privatización de Aena y sus Consecuencias
La privatización de Aena, que tuvo lugar durante el mandato de Mariano Rajoy, ha sido un punto de inflexión en la gestión aeroportuaria en España. Con un modelo de gestión mixta público-privada, Aena ha estado cotizando en bolsa desde 2015, lo que ha llevado a un enfoque más centrado en los beneficios económicos que en el bienestar de las comunidades locales. Esta situación ha generado un descontento creciente entre los canarios, quienes sienten que sus intereses no están siendo considerados en la toma de decisiones.
El presidente regional, Fernando Clavijo, ha sido vocal en sus críticas hacia Aena, acusándola de «ordeñar los aeropuertos» de las islas mediante subidas de tasas no consensuadas. Según Clavijo, estas decisiones no solo afectan la economía local, sino que también impactan negativamente en el sector turístico, que es vital para la economía canaria. La percepción de que Aena prioriza sus resultados financieros sobre las necesidades de la población ha alimentado el clamor por una mayor autonomía en la gestión aeroportuaria.
El apoyo de la oposición a esta demanda no es casual. Sebastián Franquis, portavoz del PSOE en Canarias, ha subrayado la importancia de que el archipiélago reivindique las competencias que le otorga su Estatuto de Autonomía. Por su parte, Esther González, diputada de Nueva Canarias, ha recordado que esta reclamación no es nueva, sino que se remonta a más de dos décadas, cuando Canarias ya buscaba explorar opciones para gestionar sus propios aeropuertos.
### La Estrategia de Negociación con el Estado
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha decidido abrir la negociación con el Estado para discutir la posibilidad de participar en la gestión de los aeropuertos. Esta estrategia incluye no solo la gestión aeroportuaria, sino también el control de los incentivos fiscales vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF). La apertura de negociaciones bilaterales con el Ministerio de Política Territorial es un paso significativo, ya que podría allanar el camino para un cambio en la gestión aeroportuaria en el archipiélago.
Sin embargo, el camino hacia la cogestión no será fácil. Maurici Lucena, presidente de Aena, ha expresado su oposición a que las comunidades autónomas participen en la gestión de los aeropuertos, argumentando que el marco normativo actual impide cualquier cambio en el modelo de gestión aeroportuaria en España. Esta resistencia plantea un desafío considerable para el Gobierno canario, que deberá navegar por un complejo entramado legal y político para lograr sus objetivos.
La importancia de los aeropuertos para Canarias no puede subestimarse. Estos no solo son cruciales para garantizar la movilidad y conectividad de los ciudadanos, sino que también representan la puerta de entrada al turismo, el motor económico del archipiélago. La gestión adecuada de los aeropuertos es, por lo tanto, un asunto de vital importancia para el desarrollo económico y social de las islas.
El respaldo de la oposición al Gobierno regional en esta demanda es un indicativo de la relevancia que tiene este tema en la agenda política canaria. La unidad en torno a la reclamación de competencias aeroportuarias podría ser un factor determinante en la capacidad del archipiélago para negociar con el Estado y lograr un cambio significativo en la gestión de sus aeropuertos.
A medida que avanza la negociación, será crucial que el Gobierno de Canarias mantenga un enfoque claro y estratégico, articulando sus demandas de manera que resalten la importancia de la gestión local para el bienestar de la población. La presión pública y el apoyo político serán elementos clave en este proceso, y la capacidad del Gobierno para movilizar a la ciudadanía en torno a esta causa podría influir en el resultado final de las negociaciones.
En resumen, la lucha por el control aeroportuario en Canarias es un reflejo de las tensiones entre la gestión estatal y las aspiraciones de autogobierno de las comunidades autónomas. A medida que el Gobierno canario avanza en sus negociaciones, el apoyo de la oposición y la movilización de la ciudadanía serán fundamentales para lograr un cambio que beneficie a todos los canarios.
