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El portavoz del grupo municipal CC-PNC, Juan José Martínez, ha denunciado hoy los nuevos retrasos y recortes que sufrirá la construcción de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife a tenor de la respuesta parlamentaria ofrecida ayer por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

“Las razones esgrimidas para dilatar en el tiempo la definición sobre su localización resultan inaceptables, teniendo en cuenta que se trata de una infraestructura largamente esperada, con la que se pretende resolver las carencias de la administración de justicia, tanto de Tenerife como de su provincia”, ha explicado el edil nacionalista.

Martínez anuncia que su grupo presentará una pregunta ante la Comisión de Control municipal, en la que exige conocer “cuáles son las actuaciones previstas por parte del gobierno local para agilizar el proyecto y dar cabida a las necesidades de la administración de justicia en las próximas décadas, en la línea de la moción de CC-PNC aprobada en septiembre por el Pleno del Ayuntamiento”.

“Santa Cruz merece unas instalaciones de primer nivel que den solución de espacios y medios suficientes a la administración de Justicia. No puede ser un apaño. Precisamente, el acuerdo plenario insta al Gobierno de Canarias a realizar la actuación urbanística de la Ciudad de la Justicia mediante los instrumentos legales que le da la Ley 4/2017 de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en especial los artículos 123 y siguientes y/o los artículos 168 y siguientes”.

“El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Insular de Ordenación (PIO) –argumenta Martínez– deberán adaptarse, en la primera revisión que se haga, para amparar estos proyectos. La ley prevé esta salvedad para un sistema general o equipamiento público, máxime en este caso, ante el más que evidente caos en la justicia, por lo que es posible este mecanismo ágil, convalidado, además, por el Tribunal Constitucional”.

En definitiva, el portavoz nacionalista recuerda que “estas herramientas legislativas permiten tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo Insular declarar de interés público un determinado proyecto y autorizarlo, aunque sea contrario a los planeamientos general o insular, por lo que el Gobierno puede intervenir con este proyecto de interés público y suspender la aplicación de planes generales vigentes. Es cuestión de voluntad política”.

En lo concerniente a la disposición para proceder a la construcción de estas instalaciones básicas e inaplazables, Martínez alerta sobre el contenido de las declaraciones del consejero Julio Pérez, “que insinuaba que habría que esperar por el nuevo PGO, lo que supondría una nueva demora, de al menos una década, en la que la Justicia en Tenerife seguiría en instalaciones precarias y cada vez más saturadas”.

En su pregunta al gobierno local, planteada ante la Comisión de Control, el concejal anuncia que “exigiremos que la corporación no se pliegue a otros intereses y defienda los de la capital, porque hablamos de necesidades de un servicio básico para la ciudadanía, que no admitiría los recortes que veladamente deja caer el consejero socialista”.

Es más, las declaraciones de Pérez, en las que anuncia que se seguirían utilizando las dependencias del Palacio de Justicia de Tres de Mayo, “dan al traste con la posibilidad de que este edificio pueda albergar la Consejería de Educación, que en la actualidad se halla en la avenida de Buenos Aires, produciéndose el ahorrar de los 300.000 euros mensuales que supone hoy su alquiler al erario público”, apostilla Martínez.

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