La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto una reforma significativa en la regulación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que podría permitir hasta dos aumentos anuales. Esta iniciativa surge en un contexto donde la inflación ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores, y busca establecer un mecanismo más ágil y efectivo para ajustar el salario mínimo en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
### Un Nuevo Enfoque para el Salario Mínimo
La propuesta de Díaz incluye la creación de una comisión asesora que se encargará de analizar y recomendar la cuantía del SMI, con el objetivo de que este se sitúe en el 60% del salario medio neto. Este cambio legislativo, que se encuentra en fase de negociación, tiene como finalidad garantizar que el SMI no solo se ajuste anualmente, sino que también pueda revisarse a mitad de año si las condiciones económicas lo requieren. Esto significa que si en junio se detecta un aumento del IPC que supere las expectativas, el SMI deberá incrementarse para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
El borrador del Real Decreto que se ha presentado establece que cualquier modificación en el SMI deberá ir acompañada de un informe previo elaborado por la comisión asesora. Este informe servirá como base para tomar decisiones informadas tanto al inicio del año como en la revisión semestral. La idea es que el SMI no se convierta en un mero indicador, sino en una herramienta efectiva para combatir la pobreza laboral y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables.
### Blindaje del Salario Mínimo
Además de la posibilidad de ajustes semestrales, la reforma también busca blindar el SMI contra prácticas que podrían desvirtuar su impacto positivo. Una de las medidas más relevantes es la prohibición de que los aumentos del SMI sean absorbidos por otros complementos salariales que los trabajadores ya perciban. Esta práctica, comúnmente utilizada por algunas empresas, permite que el incremento del SMI no se traduzca en un aumento real del salario neto del trabajador, ya que se compensa con otros pagos que ya se estaban realizando.
El nuevo decreto especifica qué tipos de complementos no podrán ser absorbidos por el SMI. Estos incluyen pluses por condiciones de trabajo, como nocturnidad o peligrosidad, así como incentivos y comisiones basadas en el rendimiento. La intención es que el aumento del SMI se refleje de manera directa en el salario de los trabajadores, sin que otros conceptos salariales puedan disminuir su efecto.
Esta modificación podría suponer un aumento significativo en los costos laborales para las empresas, lo que ha generado un debate entre los empresarios y el Gobierno. Aunque la cuantía exacta del próximo aumento del SMI aún no se ha determinado, se estima que podría superar los 1.200 euros mensuales en 14 pagas. Díaz ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aunque en los últimos cinco años esta organización no ha participado en las negociaciones.
La propuesta de dos aumentos anuales del SMI representa un cambio de paradigma en la política laboral en España. Si se aprueba, podría sentar un precedente para futuras legislaciones laborales y contribuir a una mejora en las condiciones de vida de millones de trabajadores. La implementación de esta reforma dependerá de la capacidad del Gobierno para negociar con los diferentes actores sociales y económicos, y de la voluntad de las empresas para adaptarse a un nuevo marco regulatorio que busca priorizar el bienestar de los trabajadores.
Con la inflación como telón de fondo y la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, la propuesta de Yolanda Díaz podría ser un paso importante hacia un sistema más justo y equitativo en el ámbito laboral. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro del SMI y su impacto en la economía española.
