La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado una propuesta que busca modificar la fiscalidad en el sector de la energía nuclear, específicamente sugiriendo la eliminación del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos. Esta iniciativa surge en un contexto donde las centrales nucleares enfrentan un debate sobre su futuro y la carga impositiva que soportan, lo que ha llevado a un estancamiento en las negociaciones sobre la prórroga del cierre del parque atómico.
### Contexto de la Propuesta
Desde 2012, la generación eléctrica en España está sujeta a un tipo impositivo del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Este impuesto representa un costo adicional para los generadores eléctricos, que lo incorporan en su oferta de venta de energía en el mercado. Además, la Ley 15/2012 estableció un impuesto específico para la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, que se introdujo con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico en un contexto de alto déficit y deuda.
Fedea argumenta que los impuestos específicos sobre la energía nuclear generan aproximadamente 251 millones de euros anuales, pero la justificación de estos impuestos, que era la deuda eléctrica, está prácticamente extinguida. Por lo tanto, mantener un impuesto que responde a una problemática ya resuelta no tiene sentido económico. Según el estudio elaborado por Diego Rodríguez, investigador de Fedea, es necesario revisar las cargas regulatorias y fiscales que ya no son pertinentes.
La propuesta de Fedea también señala que el impacto de eliminar este impuesto en la factura de los consumidores sería mínimo, estimándose en alrededor del 1% para los hogares y aún menor para los consumidores industriales. Este impacto sería considerablemente inferior al aumento de costos que se prevé con el cierre de los grupos nucleares en Almaraz, programado para 2027 y 2028.
### Implicaciones de la Eliminación del Impuesto
La eliminación del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado no solo podría aliviar la carga fiscal sobre las empresas del sector, sino que también podría facilitar la continuidad de la operación de las centrales nucleares. Fedea sugiere que la tasa Enresa, que financia los costos de desmantelamiento, debería mantenerse, ya que es esencial para cubrir estos gastos. Sin embargo, se argumenta que esta tasa podría disminuir automáticamente si se prolonga la operación de las centrales, ya que los costos se repartirían entre más años de producción.
El análisis de Fedea también incluye una revisión de la tasa autonómica específica, sugiriendo su reducción o eliminación si esto facilita la continuidad de los reactores nucleares. En este sentido, se estima que el cierre de Almaraz podría tener un impacto de 82 millones de euros anuales en la recaudación autonómica.
Además, el estudio menciona que si se extiende la vida útil de las centrales nucleares de 40 a 50 años, la tasa Enresa podría reducirse hasta en un 50%. Sin embargo, se aclara que estos cálculos se basan en un Plan de Gestión de Residuos Radioactivos (PGRR) que ya está desactualizado.
Fedea concluye que la revisión de la fiscalidad en el sector nuclear no solo es necesaria, sino que también es urgente para alinear los precios de la electricidad con los objetivos de descarbonización. Mantener el cierre de las nucleares según lo planeado podría presionar los precios de la energía en el mercado mayorista, aumentar las emisiones de CO2 y fomentar un uso más intensivo de ciclos combinados de gas, lo que contradice los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones.
La propuesta de Fedea abre un debate crucial sobre el futuro de la energía nuclear en España y la necesidad de adaptar la fiscalidad a las realidades económicas actuales. En un momento en que la transición energética es más relevante que nunca, es fundamental que las políticas fiscales apoyen un modelo energético sostenible y eficiente, sin cargar más costos sobre los ciudadanos. La discusión sobre la eliminación del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado es solo una parte de un panorama más amplio que involucra la seguridad energética, la sostenibilidad y la economía del país.