Río de Janeiro ha sido escenario de un operativo policial sin precedentes, conocido como «Operación Contención», que ha dejado un saldo trágico de al menos 64 muertos, incluidos civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Este operativo, llevado a cabo por el gobierno de Cláudio Castro, se dirige contra el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de Brasil. La magnitud de esta operación ha sido calificada como la más letal en la historia del estado, superando incluso la infame operación de Jacarezinho en 2021, que resultó en 28 muertes.
La policía ha identificado a al menos 50 de las víctimas como «sospechosas» de tener vínculos con el CV, mientras que dos policías también perdieron la vida en el enfrentamiento. Durante el operativo, se incautaron aproximadamente 80 fusiles y una cantidad significativa de drogas, lo que evidencia la escala del narcotráfico en la región. La operación requirió la movilización de alrededor de 2,500 efectivos y el uso de helicópteros artillados, centrándose en los complejos de Alemão y Penha, áreas conocidas por su alta concentración de actividad criminal.
El gobernador Castro ha declarado que la operación es una medida de defensa ante la creciente amenaza del narcotráfico, subrayando que Río de Janeiro se encuentra «solo» en esta lucha. Esta afirmación resuena con la frustración de las autoridades locales sobre la falta de apoyo federal en la lucha contra el crimen organizado. Victor Santos, secretario de Seguridad Pública, ha enfatizado que la violencia en la ciudad no puede ser abordada únicamente con los recursos estatales, dado el vasto territorio y la complejidad del problema.
El Ministerio de Justicia ha respondido a estas afirmaciones con estadísticas que reflejan la magnitud del problema del narcotráfico en Río de Janeiro. En lo que va del año, la Policía Federal ha incautado miles de vehículos, armas y toneladas de drogas, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación. Sin embargo, el Tribunal Supremo había impuesto restricciones a los operativos en las favelas en 2020, limitando el uso de helicópteros y las acciones en áreas cercanas a escuelas y centros de salud. Estas restricciones fueron levantadas este año, lo que ha permitido a las fuerzas del orden llevar a cabo operaciones más agresivas.
A pesar de la justificación del gobierno, muchos críticos, incluidos especialistas y organizaciones de derechos humanos, cuestionan la eficacia de estos operativos. Argumentan que, a menudo, resultan en un alto número de muertes de civiles y no logran desmantelar las estructuras criminales de manera efectiva. La diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa, ha exigido explicaciones sobre las circunstancias que llevaron a que las favelas de Río se convirtieran nuevamente en un campo de batalla.
La situación en Río de Janeiro es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta Brasil: el narcotráfico y la violencia asociada. El Comando Vermelho ha crecido de manera sostenida a lo largo de los años, consolidando su control sobre numerosas favelas y desafiando a las autoridades. Este crecimiento ha transformado partes de la ciudad en verdaderas «zonas de guerra», donde la vida cotidiana se ve afectada por la violencia y el miedo. Los residentes, muchos de ellos de comunidades empobrecidas, viven en un estado constante de incertidumbre, rezando por la llegada de la paz en medio del caos.
La respuesta del gobierno a esta crisis ha sido objeto de debate. Mientras algunos argumentan que se necesita una acción más contundente para combatir el narcotráfico, otros abogan por un enfoque más humano que incluya la inversión en educación y desarrollo social. La falta de un plan integral para abordar las raíces del problema ha llevado a que muchos se pregunten si las operaciones policiales son realmente la solución adecuada.
En 2024, se registraron alrededor de 700 muertes en intervenciones policiales en Río, lo que equivale a casi dos muertes diarias. Este alarmante número pone de relieve la urgencia de encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. La comunidad internacional observa con atención cómo el gobierno brasileño maneja esta crisis, y la presión para encontrar soluciones efectivas y sostenibles es cada vez mayor. La situación en Río de Janeiro es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico no solo es una cuestión de seguridad, sino también de justicia social y derechos humanos.
