La crisis migratoria en Canarias ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente en lo que respecta a la llegada de menores no acompañados. Sin embargo, recientes datos indican que la situación podría estar mejorando, al menos temporalmente. Con una disminución del 40% en las llegadas de migrantes hasta julio de 2025, los centros de acogida en las islas están experimentando un alivio en la presión que han soportado durante meses. Actualmente, hay 5.180 menores acogidos en Canarias, de los cuales 1.003 son solicitantes de asilo. Este artículo explora el contexto actual de los menores migrantes en el archipiélago y las medidas que se están implementando para garantizar su bienestar.
La disminución en las llegadas de menores migrantes ha permitido que los centros de acogida operen por debajo del 70% de su capacidad, un cambio significativo en comparación con los niveles anteriores, donde muchos centros superaban el 100% de ocupación. Este respiro ha sido bien recibido por las organizaciones que trabajan en la atención de estos menores, quienes han señalado que la gestión actual del Gobierno de España, en colaboración con ONG locales, ha sido más efectiva en la evaluación y traslado de aquellos que han solicitado asilo.
### Proceso de Traslado y Protección de Menores
El proceso de traslado de menores migrantes a la península ha comenzado con los primeros 141 traslados al recinto Canarias 50, ubicado en La Isleta. Este movimiento es parte de un plan más amplio que busca compartir la responsabilidad de la atención a estos menores entre las comunidades autónomas. El Estado se ha comprometido a realizar dos derivaciones semanales de grupos de 20 niños a los territorios que cuenten con plazas disponibles en el sistema nacional de protección internacional.
Es importante destacar que, a pesar de la mejora en la situación, el Gobierno de Canarias mantiene abiertos más de 80 centros para atender a los menores que han llegado sin la compañía de un familiar. La administración regional ha trabajado en conjunto con el Ejecutivo estatal para reformar la ley de extranjería, lo que permitirá una mejor distribución de los menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, aún queda por definir cómo se gestionará este plan, lo que ha generado cierta incertidumbre entre las entidades involucradas.
La ONG Engloba, que colabora en la evaluación de los menores, ha sido fundamental en este proceso. Se encarga de realizar valoraciones individuales de aquellos que han manifestado su deseo de continuar su ruta migratoria hacia la península, asegurando que se respete el interés superior del menor. Este enfoque ha permitido que muchos de los chicos que desean permanecer en las islas puedan hacerlo, mientras que aquellos que están listos para trasladarse reciben la atención necesaria para su integración en el sistema de protección internacional.
### Desafíos y Expectativas Futuras
A pesar de los avances, el camino hacia una solución sostenible para la crisis de los menores migrantes en Canarias sigue siendo complicado. La falta de claridad sobre cómo se llevarán a cabo las derivaciones y la reciente falta de participación de algunas comunidades autónomas en las reuniones intergubernamentales han generado tensiones. Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha criticado la falta de transparencia en la distribución de los menores, lo que pone de manifiesto la necesidad de una colaboración más efectiva entre las diferentes administraciones.
Además, el hecho de que Madrid haya quedado fuera de la distribución de menores tras el cierre del centro de Pozuelo de Alarcón ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad del sistema para manejar la situación de manera equitativa. La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece la obligación de distribuir a los menores migrantes no acompañados, es un paso positivo, pero su implementación efectiva es crucial para evitar que las islas sigan siendo un punto de saturación en el sistema de acogida.
En este contexto, la atención a los menores migrantes en Canarias se convierte en un tema de gran relevancia no solo para el archipiélago, sino para toda España. La gestión adecuada de estos jóvenes no solo es una cuestión humanitaria, sino también un desafío que requiere un enfoque coordinado y solidario entre todas las comunidades autónomas. A medida que se implementan nuevas políticas y se realizan traslados, es fundamental seguir monitoreando la situación para garantizar que se respeten los derechos y el bienestar de estos menores, quienes han enfrentado situaciones extremadamente difíciles en su búsqueda de un futuro mejor.