La crisis de los menores inmigrantes en Canarias ha cobrado una relevancia significativa en los últimos años, especialmente tras la reactivación de la Ruta Canaria de inmigración entre 2019 y 2023. Este fenómeno ha llevado a un aumento en el número de menores que llegan a las islas en busca de asilo, lo que ha generado una presión considerable sobre el sistema de acogida de la comunidad. En este contexto, el Gobierno de España ha manifestado su compromiso de colaborar con las autoridades canarias para abordar esta situación crítica.
La llegada de menores inmigrantes a Canarias ha sido un tema candente en la agenda política, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido una figura clave en la respuesta del Gobierno. En sus declaraciones, Torres ha enfatizado la necesidad de actuar con rapidez y eficacia para garantizar que estos menores reciban la atención y el apoyo que requieren. La presión del Tribunal Supremo ha añadido un sentido de urgencia a la situación, ya que ha instado al Gobierno a tomar medidas concretas para aliviar el hacinamiento en los centros de acogida.
### La Respuesta del Gobierno ante la Crisis de Menores
El Gobierno ha reconocido la exigencia de Canarias de acelerar el proceso de acogida de menores inmigrantes. Torres ha subrayado que la colaboración entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario es fundamental para abordar esta crisis. En este sentido, se ha implementado una reforma de la Ley de Extranjería que busca distribuir la responsabilidad de la acogida de menores entre todas las comunidades autónomas, en lugar de dejarla exclusivamente en manos de Canarias.
Sin embargo, el ministro ha señalado que existen obstáculos que dificultan este proceso. En particular, ha criticado al Partido Popular, socio de Gobierno en Canarias, por poner trabas a la acogida de menores. Según Torres, la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones que complican la situación, lo que ha llevado a la necesidad de involucrar a la Fiscalía para asegurar que se cumplan las leyes relacionadas con la protección de menores.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno ha asegurado que está dispuesto a hacer todo lo necesario para cumplir con las resoluciones del Tribunal Supremo. Actualmente, se han habilitado 135 plazas libres para menores en espera de autorización, y se han completado los trámites para trasladar a otros 80 menores a diferentes comunidades autónomas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los menores no permanezcan en condiciones de hacinamiento y reciban el apoyo adecuado.
### Desafíos en el Sistema de Acogida
Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de acogida en Canarias es la saturación de recursos. Con un número creciente de menores que llegan a las islas, los centros de acogida han tenido que lidiar con condiciones difíciles, lo que ha llevado a situaciones de hacinamiento. El Tribunal Supremo ha intervenido en este asunto, exigiendo que se tomen medidas para garantizar que los menores no se encuentren en condiciones inadecuadas.
La reforma de la Ley de Extranjería es un paso positivo, pero su implementación efectiva es crucial. La distribución de menores entre las comunidades autónomas no solo aliviaría la presión sobre Canarias, sino que también permitiría a los menores recibir atención en entornos más adecuados. Sin embargo, la resistencia de algunas comunidades a aceptar a estos menores ha complicado la situación.
Además, la falta de recursos y personal capacitado en los centros de acogida ha sido un obstáculo significativo. La atención a los menores inmigrantes requiere un enfoque integral que incluya no solo la provisión de alojamiento, sino también apoyo psicológico, educativo y social. Sin estos recursos, es difícil garantizar el bienestar de los menores y su integración en la sociedad.
El Gobierno ha manifestado su compromiso de trabajar en colaboración con las comunidades autónomas para abordar estos desafíos. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada y requiere un enfoque coordinado y solidario para garantizar que todos los menores inmigrantes reciban la atención y el apoyo que necesitan. La presión política y social sobre este tema seguirá siendo un factor determinante en la evolución de la respuesta del Gobierno y en la búsqueda de soluciones efectivas para la crisis de los menores inmigrantes en Canarias.
