La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad de las comunidades autónomas en su acogida. Recientemente, la negativa de Madrid a recibir a los primeros menores derivados de las islas ha llevado a la Fiscalía a intervenir, buscando garantizar el bienestar de estos jóvenes. Este artículo explora las implicaciones de esta intervención y el contexto en el que se desarrolla.
La intervención de la Fiscalía se produjo durante el proceso de traslado de dos menores desde Canarias a la península. Ante la falta de respuesta de la comunidad autónoma de destino, el Ministerio Público actuó a solicitud del Gobierno canario para evitar que los menores se encontraran en situaciones inapropiadas. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario, destacó la importancia de esta mediación, que ha sido solicitada en otros casos similares, como en el traslado de menores de Ceuta y Melilla.
El contexto legal que permite esta intervención se basa en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece un plazo de 15 días para que otra comunidad autónoma asuma la responsabilidad de acoger a un menor que llega a un territorio en situación de contingencia migratoria. Sin embargo, la reticencia de algunas comunidades, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, ha complicado el proceso. Rodríguez señaló que estas comunidades han estado recurriendo a todas las resoluciones que consideran pertinentes, lo que ha generado un clima de incertidumbre en torno a la acogida de menores.
A pesar de las dificultades, Rodríguez enfatizó que los menores están siendo acogidos, lo que indica que, en general, las comunidades están priorizando el bienestar de los niños y niñas migrantes. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, expresó su preocupación por la situación de hacinamiento en los centros de acogida de las islas, donde se están superando las capacidades normales de atención. Cabello subrayó que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones hacia Canarias y los menores, lo que pone en riesgo sus derechos fundamentales.
La situación se agrava al considerar que, desde que se declaró la contingencia migratoria extraordinaria, solo se han trasladado cuatro menores de los 47 que deberían haber sido reubicados. Esto ha llevado a que los centros de acogida en Canarias estén operando con un número de menores que excede su capacidad, lo que afecta la calidad de la atención que se les puede brindar. La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, indicó que, hasta el momento, solo se han recibido 27 resoluciones favorables para el traslado de menores a la península, lo que pone de manifiesto la lentitud del proceso.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta España en su conjunto. La llegada de menores no acompañados ha aumentado en los últimos años, y la falta de un sistema coordinado y eficiente para su acogida y protección ha generado tensiones entre las comunidades autónomas. La intervención de la Fiscalía, aunque necesaria, pone de relieve la urgencia de establecer un marco legal y operativo que garantice la protección de estos menores y la distribución equitativa de responsabilidades entre las distintas regiones del país.
Además, la falta de una respuesta adecuada por parte de las comunidades autónomas puede tener consecuencias graves para los menores, quienes, al no recibir la atención necesaria, pueden verse expuestos a situaciones de vulnerabilidad y riesgo. La mediación de la Fiscalía es un paso positivo, pero es fundamental que se implementen soluciones a largo plazo que aborden las causas subyacentes de la crisis migratoria y aseguren que todos los menores reciban la protección y el apoyo que necesitan.
En este contexto, es crucial que se mantenga un diálogo abierto entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para encontrar soluciones efectivas que permitan una distribución más equitativa de los menores migrantes. La colaboración entre las distintas administraciones es esencial para garantizar que los derechos de los menores sean respetados y que se les brinde la oportunidad de construir un futuro mejor en un entorno seguro y acogedor.
