La situación de los menores extranjeros no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a las autoridades locales a expresar su preocupación sobre la gestión del Gobierno central. En un contexto donde la presión migratoria ha aumentado, el Gobierno de Canarias ha denunciado que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones legales en relación con la protección de estos menores. La falta de acción efectiva ha generado un clima de incertidumbre y descontento, tanto entre los responsables políticos como entre la población afectada.
La situación actual se ha visto agravada por la llegada constante de nuevos menores a las islas, lo que ha llevado a un hacinamiento en los centros de acogida. Según datos recientes, hay más de 4,400 menores bajo la tutela del Gobierno canario, cuando la capacidad adecuada debería ser de aproximadamente 700. Esta discrepancia ha llevado a que el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, acuse al Ejecutivo central de «hacer trampas» en el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que ordena descomprimir la situación en los centros de acogida.
### La Sentencia del Tribunal Supremo y sus Implicaciones
El Tribunal Supremo de España ha dictado una serie de sentencias que obligan al Gobierno a actuar de manera efectiva para aliviar la situación de hacinamiento en los centros de menores en Canarias. Sin embargo, a pesar de las órdenes judiciales, el Gobierno central ha sido criticado por no cumplir con los plazos establecidos. Cabello ha señalado que, a pesar de que el Tribunal Supremo dio un plazo de diez días hace ocho meses, la situación sigue siendo la misma, con un saldo negativo en la derivación de menores a la península.
La falta de acción ha llevado a una saturación que no solo afecta la calidad de vida de los menores, sino que también impide garantizar un proyecto de integración social adecuado. La Ley de Extranjería establece que los menores deben ser trasladados en un plazo máximo de quince días, pero esta normativa no se está cumpliendo. La situación es aún más preocupante dado que muchos de estos menores han expresado su deseo de permanecer en las islas debido a su arraigo, lo que complica aún más la gestión del problema.
La apertura de un nuevo centro de menores en la Casa del Marino en Las Palmas de Gran Canaria ha sido vista como un intento del Gobierno central de cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, pero Cabello ha argumentado que esto no es suficiente. La creación de nuevas plazas en Canarias no aborda el problema fundamental de la saturación y la falta de recursos adecuados para garantizar el bienestar de estos menores.
### La Necesidad de una Respuesta Coordinada
La crisis de los menores no acompañados en Canarias requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Gobierno central. La situación actual no solo afecta a los menores, sino que también tiene repercusiones en la comunidad canaria en su conjunto. La falta de recursos y la saturación de los centros de acogida han llevado a un aumento de la tensión social, y es fundamental que se tomen medidas inmediatas para abordar esta crisis.
El Gobierno de Canarias ha hecho un llamado al Ejecutivo central para que cumpla con sus obligaciones y garantice la protección de los menores migrantes. La situación actual no puede ser abordada de manera aislada; es necesario un enfoque integral que contemple tanto la atención inmediata a los menores como la implementación de políticas a largo plazo que aborden las causas subyacentes de la migración.
Además, es crucial que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar que las medidas implementadas sean efectivas y que se cumplan los plazos establecidos por el Tribunal Supremo. La colaboración entre las diferentes administraciones es esencial para lograr una solución sostenible a esta crisis.
La comunidad canaria ha mostrado su solidaridad con los menores migrantes, pero también ha expresado su preocupación por la falta de recursos y la saturación de los centros de acogida. Es fundamental que se escuche la voz de la sociedad civil y que se involucren a las organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de soluciones efectivas.
La crisis de los menores no acompañados en Canarias es un desafío que requiere una respuesta urgente y coordinada. La protección de los derechos de los menores debe ser una prioridad para todas las administraciones, y es fundamental que se tomen medidas efectivas para garantizar su bienestar y su integración en la sociedad. La situación actual no puede ser ignorada, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien a los menores y a la comunidad en su conjunto.
