La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias se ha convertido en un tema de creciente preocupación y urgencia. A medida que se acerca el verano, el Gobierno de Canarias enfrenta una crisis sin precedentes en sus centros de acogida, que están saturados y luchan por cumplir con los derechos de estos jóvenes. La falta de acción por parte del Gobierno central ha llevado a un estancamiento en el proceso de traslado de estos menores a otras comunidades autónomas, lo que ha generado un clima de desesperación entre las autoridades locales.
**Trámites Pendientes y la Saturación de Recursos**
El proceso de distribución de menores migrantes no acompañados debía comenzar a principios del verano, pero hasta el momento no hay una fecha concreta para su implementación. Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, existen dos trámites legales que deben ser completados antes de que se pueda activar el real decreto ley que permite la distribución de estos menores. Estos trámites incluyen la creación de un protocolo para el traslado de menores y la determinación de la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas. Sin embargo, la falta de claridad en los plazos ha dejado a Canarias en una situación crítica, con centros que operan a tres veces su capacidad normal.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha expresado su frustración ante la inacción del Gobierno central, afirmando que ya se han cumplido los requisitos necesarios para declarar una situación de contingencia migratoria extrema. «El real decreto ley que modifica la Ley de Extranjería establece criterios claros para calcular el número de menores que corresponde a cada comunidad autónoma. Canarias ya tiene las condiciones para ser declarada en esta situación y hemos solicitado que se actúe en consecuencia», declaró Cabello. La falta de respuesta del Ministerio ha llevado a un aumento en la presión sobre los recursos locales, que están al borde del colapso.
**Demandas Económicas y Responsabilidad Estatal**
Además de la saturación de los centros, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado un apoyo financiero de 194 millones de euros para cubrir los gastos extraordinarios asociados con la atención a más de 5,500 menores migrantes que se encuentran bajo su tutela. Esta cifra refleja la magnitud del desafío que enfrenta la región, donde los recursos son limitados y la demanda es cada vez mayor. Cabello ha enfatizado que la responsabilidad de la situación recae en el Gobierno central, que podría estar haciendo mucho más para aliviar la carga sobre las comunidades autónomas.
La ministra de Infancia, Sira Rego, había prometido que las derivaciones de menores comenzarían antes del verano, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna acción. En una entrevista reciente, Rego afirmó que el Gobierno estaba en condiciones de declarar la contingencia migratoria extraordinaria, pero la falta de avances en los trámites necesarios ha dejado a Canarias en una situación de incertidumbre. «Estamos en una situación crítica desde hace meses. La responsabilidad es del Estado porque podría estar haciendo mucho más de lo que está haciendo», subrayó Cabello.
La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en España. La falta de un enfoque coordinado y efectivo para abordar la crisis migratoria ha llevado a una acumulación de problemas que requieren atención inmediata. La presión sobre los recursos locales y la necesidad de una respuesta rápida y efectiva son más urgentes que nunca.
La comunidad canaria ha hecho un llamado a la acción, instando al Gobierno central a cumplir con sus obligaciones y a movilizar los recursos necesarios para garantizar el bienestar de estos menores. La situación es desesperada, y cada día que pasa sin una solución efectiva agrava aún más la crisis. Las autoridades locales están dispuestas a colaborar, pero necesitan el apoyo y la acción del Gobierno central para poder hacer frente a este desafío humanitario.
En resumen, la crisis de los menores migrantes en Canarias es un tema que no puede ser ignorado. La saturación de los centros de acogida, la falta de recursos y la inacción del Gobierno central han llevado a una situación crítica que requiere una respuesta urgente. La comunidad canaria está lista para actuar, pero necesita el apoyo del Estado para poder garantizar los derechos y el bienestar de estos jóvenes vulnerables. La situación es compleja, pero con un enfoque coordinado y un compromiso real, es posible encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados.
