Las investigaciones en torno al Servicio Canario de Salud (SCS) han revelado un entramado de corrupción que involucra a varias empresas y altos funcionarios. En el centro de esta trama se encuentran las empresas Soluciones de Gestión SL, Eurofins Megalab y RR7 United, todas ellas bajo la lupa judicial por sus contratos durante la pandemia de covid-19. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe que detalla cómo se llevaron a cabo estos contratos, destacando la falta de transparencia y la intervención de intermediarios en los procesos de contratación.
El informe señala que las empresas mencionadas no eran clientes habituales del SCS y que su acceso a contratos millonarios se facilitó a través de conexiones políticas. En particular, se menciona a Koldo García, quien actuó como intermediario y recomendó a estas empresas a funcionarios del gobierno canario. Este tipo de prácticas han suscitado serias preocupaciones sobre la ética y la legalidad de los procesos de contratación pública en Canarias.
### La Trama de Corrupción: Intermediarios y Contratos Irregulares
La investigación ha puesto de manifiesto que las empresas involucradas en este escándalo no siguieron los conductos habituales para acceder a contratos con el SCS. En lugar de ello, se valieron de conexiones políticas para obtener recomendaciones que les permitieran participar en licitaciones. Por ejemplo, Soluciones de Gestión había trabajado previamente con organismos estatales bajo la tutela del Ministerio de Transportes, lo que facilitó su acceso al SCS.
El informe de la UCO revela que el SCS, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, recibió recomendaciones para contratar a estas empresas sin tener en cuenta las advertencias de los funcionarios que alertaron sobre la falta de garantías en los contratos. A pesar de las alertas sobre la calidad del material suministrado y los precios elevados, las recomendaciones políticas prevalecieron, lo que llevó a la firma de contratos que posteriormente resultaron problemáticos.
Uno de los casos más destacados es el de RR7 United, que recibió 4 millones de euros para el suministro de un millón de mascarillas. Sin embargo, el material nunca fue entregado, y hasta la fecha, la Hacienda autonómica no ha logrado recuperar el dinero. La Fiscalía Europea ha asumido la investigación de este caso, dado que los pagos se cargaron a fondos comunitarios, lo que añade una capa de complejidad a la situación.
### La Respuesta del Gobierno y la Mediación de Altos Funcionarios
A medida que surgieron problemas con los contratos, la respuesta del gobierno canario fue facilitar los pagos en lugar de rescindir los contratos por incumplimiento. En el caso de Soluciones de Gestión, cuando se detectó que alrededor de 700,000 mascarillas no cumplían con los estándares de calidad, el SCS optó por rehacer la factura en lugar de cancelar el contrato. Esta decisión fue impulsada por la mediación de Ángel Víctor Torres, quien se reunió con el director del SCS para desbloquear los pagos a la empresa.
La investigación ha revelado que la falta de atención a las advertencias de los funcionarios del SCS fue una constante en estos contratos. A pesar de las alertas sobre la calidad del material y la urgencia de los pagos, las recomendaciones políticas prevalecieron, lo que llevó a la firma de contratos que no cumplían con los estándares requeridos. En el caso de Eurofins Megalab, la situación fue similar, con la empresa accediendo a contratos a través de conexiones políticas y sin seguir los procedimientos adecuados.
La trama de corrupción en el SCS ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación pública en Canarias. La falta de transparencia y la intervención de intermediarios han socavado la confianza en las instituciones públicas y han planteado serias preguntas sobre la ética en la gestión de recursos públicos. A medida que avanza la investigación, se espera que se tomen medidas para garantizar que estos incidentes no se repitan en el futuro.
