La reciente investigación llevada a cabo por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en Canarias ha destapado un escándalo de malversación de fondos públicos destinados a la atención de menores migrantes no acompañados. Esta operación, conocida como ‘Tabaiba’, ha implicado a varios directores de centros de menores y a un empresario inmobiliario, revelando un entramado de irregularidades financieras que ha puesto en tela de juicio la gestión de recursos públicos en el archipiélago.
**Detalles de la Investigación**
La investigación se inició en 2022 tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que alertó sobre operaciones bancarias sospechosas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida. A raíz de esto, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió diligencias, lo que llevó a la imputación de cuatro directores de centros de menores en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario que gestionaba propiedades utilizadas por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la entidad encargada de la atención a estos menores.
Los imputados, que han ocupado puestos de responsabilidad en la fundación, son María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy. La investigación ha revelado que la fundación recibió más de 12 millones de euros del Gobierno de Canarias entre 2020 y 2022 por los servicios prestados a los menores, pero el análisis de las cuentas bancarias ha mostrado una falta de justificación en el uso de estos fondos.
**Irregularidades Financieras y Desvío de Fondos**
La Fiscalía ha señalado que la fundación no solo no justificó adecuadamente el gasto, sino que también se detectaron extracciones en efectivo y transferencias a cuentas personales de los directores. Se estima que más de 1.100.000 euros fueron retirados en efectivo, y se identificaron gastos personales cargados a las cuentas de los centros, incluyendo operaciones estéticas y vacaciones. Esta situación ha sido calificada como un uso indebido de fondos públicos, lo que ha llevado a la imputación de delitos como malversación y administración desleal.
Además, se ha descubierto que los alquileres de los inmuebles donde se ubicaban los centros estaban inflados, con precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado. Este sobreprecio ha generado un desvío de más de 1.300.000 euros entre 2021 y 2023, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar posibles prácticas de blanqueo de capitales. La falta de control por parte del Gobierno de Canarias ha sido un punto crítico en esta investigación, ya que se limitó a realizar pagos sin garantizar el destino real de los fondos.
La querella presentada por el fiscal Javier Ródenas destaca la ausencia de un marco jurídico claro que permita supervisar adecuadamente la ejecución de los contratos públicos adjudicados a la fundación. A pesar de las irregularidades, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, que en su momento estaba bajo la dirección de Noemí Santana, no realizó un seguimiento efectivo del uso de los fondos, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la gestión pública en este ámbito.
**Impacto y Reacciones**
La situación ha generado una gran preocupación en la sociedad canaria, especialmente entre aquellos que defienden los derechos de los menores migrantes. La falta de control y la malversación de fondos destinados a su bienestar han llevado a un clamor por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos. La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, ha manifestado su sorpresa ante las revelaciones, a pesar de que su organismo estaba al tanto de la investigación.
La Fiscalía Europea ha asumido el caso, dado que parte de los fondos utilizados provienen de recursos comunitarios, lo que añade una dimensión internacional a la investigación. Las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que se determinen las responsabilidades y el alcance económico del perjuicio causado a los fondos públicos y europeos.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control y supervisión en la gestión de recursos destinados a la atención de menores, así como la importancia de garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente. La comunidad canaria espera que la justicia actúe con firmeza para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de esta situación.
