La Intervención General del Estado (IGAE), bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe que ha captado la atención de la Fiscalía Europea. Este documento, que ya está en manos del juez Juan Carlos Peinado, revela irregularidades en la adjudicación de contratos a la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue recomendado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El informe concluye que estos contratos incurrieron en fraude de ley, lo que ha llevado a la apertura de una investigación más profunda sobre el asunto.
Los contratos en cuestión fueron objeto de cartas de recomendación firmadas por Gómez, quien se desempeñaba como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Según el informe, estas cartas no tenían un carácter vinculante, lo que significa que su inclusión en el proceso de evaluación de ofertas alteró la valoración técnica, favoreciendo a ciertos licitadores, especialmente a la UTE Innova Next S.L.U., una empresa asociada a Barrabés, y a The Valley Digital Business School. Esto, a su vez, perjudicó a otros competidores en el proceso de licitación.
La investigación de la Fiscalía Europea ha estado en curso paralelamente a la causa abierta por el juez Peinado, que investiga delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con la Cátedra de Transformación Social Corporativa. Este escándalo ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y control en la adjudicación de contratos públicos, especialmente aquellos que son financiados con fondos europeos.
### Irregularidades en la Valoración de Ofertas
Uno de los puntos más críticos del informe de la IGAE es la forma en que se valoraron las ofertas presentadas. La mesa de contratación de Red.es, un organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital, utilizó una fórmula de evaluación que no se ajustaba a la realidad. Según el informe, la metodología aplicada no correspondía a la distribución real de los criterios de valoración, lo que podría considerarse un fraude de ley. En teoría, los criterios subjetivos debían tener un peso del 40% en la evaluación, mientras que los criterios cuantificables debían representar el 60%. Sin embargo, la IGAE ha constatado que esta distribución no se reflejó en la puntuación final.
El juez Peinado, en junio de 2024, decidió remitir a la Fiscalía Europea la parte de la causa que se relacionaba con la UTE en la que participaba Barrabés, dado que se trataba de contratos financiados con fondos europeos. En su resolución, el juez aceptó la petición de la Fiscalía y se inhibió de investigar exclusivamente los hechos y delitos relacionados con la adjudicación de estos contratos, aunque dejó abierta la posibilidad de investigar otras irregularidades que pudieran surgir.
El informe también menciona dos expedientes específicos: uno relacionado con la formación de empleo juvenil en la economía digital y otro que se centra en la formación para personas desempleadas. Estos contratos son cruciales, ya que están destinados a mejorar las competencias de los jóvenes y desempleados en un contexto económico cada vez más digitalizado.
### Manipulación de Documentos y Metadatos
Otro aspecto alarmante que ha salido a la luz es la manipulación de documentos relacionados con la evaluación de las ofertas. La IGAE ha señalado que algunos documentos previos a la adjudicación carecían de firma y que sus metadatos habían sido borrados. Esto plantea serias dudas sobre la autenticidad de los documentos y la validez de las puntuaciones que se asignaron a las ofertas. La falta de evidencia que demuestre que los documentos fueron realmente elaborados por los técnicos mencionados en ellos es un punto crítico que podría tener repercusiones legales significativas.
Además, se ha encontrado una anotación en uno de los documentos que sugiere que un evaluador recibió instrucciones para reducir la puntuación de un licitador, sin que se especificara el motivo. Este tipo de manipulación no solo socava la integridad del proceso de contratación, sino que también plantea preguntas sobre la ética y la transparencia en la gestión de fondos públicos.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de contratación pública en España, especialmente en lo que respecta a la utilización de fondos europeos. La confianza pública en las instituciones se ve amenazada cuando surgen escándalos de esta magnitud, y es imperativo que se tomen medidas para garantizar que tales irregularidades no se repitan en el futuro. La investigación en curso por parte de la Fiscalía Europea y el juez Peinado será crucial para determinar la responsabilidad de los implicados y para restaurar la confianza en el sistema de contratación pública.
