En un contexto de creciente tensión política y social, el Gobierno de España ha decidido intervenir en la reciente moción aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla, en la región de Murcia, que busca prohibir las celebraciones musulmanas en instalaciones municipales. Esta decisión ha generado un debate intenso sobre la libertad religiosa y los derechos de las minorías en el país. La moción, impulsada por el Partido Popular (PP) y Vox, ha sido objeto de críticas por parte del Ejecutivo central, que considera que infringe la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La moción en cuestión fue aprobada hace dos semanas y tiene como objetivo restringir la celebración de festividades musulmanas, como la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán, en los polideportivos municipales de Jumilla. El Gobierno, a través de la Delegación del Gobierno en Murcia, ha enviado un requerimiento al consistorio para que revoque este acuerdo. En caso de que el Ayuntamiento no actúe, el Gobierno ha advertido que tomará acciones legales.
Las reacciones iniciales del Ayuntamiento han sido de silencio, lo que ha generado aún más inquietud entre los defensores de la libertad religiosa. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha manifestado su compromiso de defender la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos, y ha criticado la postura del PP y Vox, afirmando que «frente a la deriva extremista, defendemos la libertad religiosa». Por su parte, Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial, ha subrayado que no se puede decidir quién tiene derecho a la libertad de culto y quién no.
### Argumentos del Gobierno
El requerimiento del Gobierno se basa en tres argumentos principales. En primer lugar, se sostiene que la moción viola el principio de libertad religiosa consagrado en la Constitución. Según el texto del requerimiento, el acuerdo del Ayuntamiento incurre en una «desviación de poder», utilizando la potestad municipal para restringir las celebraciones religiosas musulmanas bajo la apariencia de regular el uso de instalaciones deportivas. Esta interpretación sugiere que, aunque el acuerdo parece legal en su forma, en el fondo vulnera derechos fundamentales.
En segundo lugar, el Gobierno argumenta que la moción también infringe el principio de neutralidad religiosa. Al excluir actos religiosos musulmanes de las instalaciones municipales, se establece un precedente peligroso que podría llevar a una mayor discriminación contra otras religiones. Históricamente, estas instalaciones han sido utilizadas para diversas celebraciones religiosas, y su exclusión ahora plantea serias dudas sobre la equidad y la inclusión en la comunidad.
Por último, el pacto entre el PP y Vox es considerado una clara desviación de poder, ya que el Ayuntamiento no tiene la autoridad para regular el uso de espacios públicos de manera que contradiga los límites establecidos por la Constitución. Este tipo de acciones, según el Gobierno, no solo afectan a la comunidad musulmana, sino que también socavan los principios democráticos que sustentan la convivencia en España.
### Precedentes de Intervención del Gobierno
La intervención del Gobierno en esta situación no es un caso aislado. A lo largo de los últimos años, se han producido varias instancias en las que el Ejecutivo ha tenido que actuar para proteger los derechos y libertades fundamentales frente a decisiones de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha. Por ejemplo, en 2023, el Gobierno impidió la implementación de medidas antiabortistas en Castilla y León, donde Vox formaba parte del gobierno autonómico junto al PP. Estas medidas fueron vistas como un ataque directo a los derechos reproductivos de las mujeres y generaron una fuerte oposición a nivel nacional.
Otro caso notable fue la controversia en Murcia relacionada con el conocido como «pin parental», que otorgaba a los padres el poder de censurar actividades educativas de sus hijos. Esta medida fue igualmente impugnada por el Gobierno, que argumentó que socavaba la educación inclusiva y los derechos de los menores.
El Gobierno ha dejado claro que su compromiso es defender la Constitución y los valores democráticos, y que no dudará en actuar contra cualquier iniciativa que busque restringir los derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido, la situación en Jumilla se convierte en un nuevo campo de batalla en la lucha por la igualdad y la inclusión en la sociedad española, donde la diversidad religiosa debe ser respetada y protegida.
La respuesta del Gobierno a la moción de Jumilla refleja un esfuerzo por mantener la cohesión social y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su fe, puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones. La atención ahora se centra en cómo reaccionará el Ayuntamiento ante el requerimiento del Gobierno y qué pasos se tomarán a continuación en este debate crucial sobre la libertad religiosa en España.
