La situación de los menores migrantes en España ha cobrado una relevancia significativa en los últimos meses, especialmente en las Islas Canarias, donde el Gobierno estatal ha comenzado a realizar traslados de jóvenes solicitantes de asilo a diferentes municipios de la península. Este proceso, que busca aliviar la presión sobre los centros de acogida en las islas, ha generado tanto expectativas como tensiones políticas entre las distintas administraciones involucradas.
**Traslados de Menores: Contexto y Proceso**
Recientemente, el Gobierno de España ha llevado a cabo la derivación de 72 menores asilados hacia localidades gobernadas por el PSOE y EH Bildu. Esta acción se enmarca dentro de un compromiso del Ejecutivo central para cumplir con una orden del Tribunal Supremo, que exige la atención y el cuidado de estos niños y niñas migrantes. Hasta ahora, se han realizado varios traslados, siendo el más reciente el de 20 menores que partieron de Canarias hacia la península para continuar con sus proyectos migratorios.
Las autoridades han señalado que estos traslados se realizan a municipios que son considerados receptores y que respetan los derechos humanos, buscando así evitar una mayor confrontación política con el Partido Popular (PP), que ha mostrado un rechazo a la gestión del Gobierno en este tema. Uno de los municipios que ha recibido a estos menores es Ultzama, en Navarra, donde se ha habilitado un centro con 15 plazas para su acogida.
El contexto de estos traslados se complica por la situación de hacinamiento en los centros de acogida en Canarias. En julio, el Gobierno central comenzó a alojar a menores en el recurso conocido como Canarias 50, un espacio temporal destinado a brindar atención a los solicitantes de asilo hasta que se encuentren plazas fijas en otras regiones del país. Sin embargo, el ritmo de estos desplazamientos ha sido motivo de quejas por parte del Gobierno canario, que ha solicitado una mayor celeridad en el proceso.
**Desavenencias entre Administraciones**
La relación entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central ha estado marcada por tensiones y desavenencias. En este sentido, el Gobierno canario ha solicitado al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la posibilidad de derivar a los menores asilados mediante un decreto que reformó el artículo 35 de la ley de extranjería. Este decreto establece que la distribución de menores debe ser obligatoria cuando la capacidad de acogida en un territorio se vea superada por más del triple, una situación que se ha dado en Canarias.
Mientras que el archipiélago defiende que la tutela de estos menores debería recaer en el Gobierno estatal, el Ejecutivo central se aferra a lo dictado por el Tribunal Supremo, que ha indicado que la responsabilidad recae en la administración autonómica. Esta falta de consenso ha generado incertidumbre sobre el futuro de los menores migrantes y ha complicado la logística de su traslado.
Desde el pasado viernes, Canarias se encuentra en una situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permite la derivación de menores a otras regiones en un plazo de 15 días. A pesar de esta declaración, el Gobierno canario ha enfrentado dificultades para enviar los expedientes de los menores a otras comunidades, debido a la falta de instrucciones claras desde el Ministerio y la Delegación del Gobierno. Sin embargo, tras una reunión reciente, se ha informado que ya se tiene acceso al sistema de expedientes, lo que permitirá avanzar en el proceso de redistribución.
La situación es crítica, ya que se estima que cerca de 2.000 menores migrantes podrían ser redistribuidos en las próximas semanas. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno canario ha reforzado su plantilla con más de 20 trabajadores que se incorporarán lo más pronto posible para ayudar en la gestión de estos expedientes y en la atención a los menores.
El desafío que enfrenta España en relación con los menores migrantes es complejo y multifacético. No solo se trata de cumplir con las obligaciones legales y humanitarias, sino también de gestionar las tensiones políticas que surgen en el camino. La atención a los derechos de los menores y la búsqueda de soluciones efectivas son fundamentales para garantizar un futuro digno para estos jóvenes que han llegado a España en busca de seguridad y oportunidades.
