La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha cobrado relevancia en los últimos días, especialmente tras la comparecencia del presidente regional, Fernando Clavijo, en el Parlamento de Canarias. Durante esta sesión, Clavijo expresó su frustración ante la falta de acción del Gobierno de España en relación con la acogida de estos menores, quienes tienen derecho a asilo. Este tema ha generado un intenso debate político, donde se han cruzado acusaciones entre el Gobierno canario y el nacional, reflejando la complejidad de la gestión de la migración en el archipiélago.
La comparecencia del presidente se produjo en un contexto crítico, ya que el Tribunal Supremo había emitido un auto que ordena al Estado asumir la responsabilidad de 569 menores extranjeros no acompañados. Clavijo, visiblemente frustrado, afirmó que ya no sabía a dónde acudir para que Madrid cumpliera con el mandato judicial. «Ya no valen excusas», insistió, mientras que el Ministerio de Migraciones aseguraba que estaba preparado para cumplir con la orden, aunque el plazo de 15 días aún no había comenzado a contar debido a la falta de notificación formal.
### La Respuesta del Gobierno de España
El Gobierno de España, por su parte, ha manifestado que ya ha acogido a 350 menores y que está en proceso de preparar 252 plazas adicionales para atender a los menores con derecho a asilo. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó que, tras una reunión con el Ministerio de Migraciones, se habían concretado plazos y se había dejado atrás el «baile de cifras» que había caracterizado las negociaciones anteriores. Delgado se mostró optimista, afirmando que el último auto del Supremo podría ser el definitivo para avanzar en la acogida de estos menores.
Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece. Aunque el Gobierno de Canarias ha enviado 519 expedientes de menores para su revisión, la realidad es que hay más de un millar de solicitudes de asilo pendientes. Esto plantea un desafío significativo para la gestión de recursos y la planificación de la acogida en el archipiélago. Además, se ha informado que 199 menores ya han sido trasladados a la Península, mientras que otros 60 permanecen en el centro Canarias 50, donde 45 de ellos han expresado su deseo de permanecer en el archipiélago.
La consejera Delgado también hizo hincapié en la necesidad de incorporar a los menores que no pudieron ser trasladados en la última operación, resaltando la importancia de no crear expectativas falsas entre estos jóvenes. La situación es aún más delicada, ya que se estima que medio centenar de menores cumplirán 18 años antes de fin de año, lo que complicará aún más su situación legal y de acogida.
### El Debate Político en el Parlamento
El debate en el Parlamento de Canarias ha estado marcado por la tensión entre los diferentes grupos políticos. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, criticó la gestión del Gobierno canario, acusándolo de falta de colaboración con el Estado. Franquis pidió a Clavijo «lealtad institucional» y cuestionó la eficacia de los esfuerzos realizados hasta ahora. Sin embargo, Clavijo defendió su postura, argumentando que el Gobierno nacional había sido desleal al obligar a Canarias a acudir al Tribunal Supremo para que se cumplieran sus derechos.
Este intercambio de acusaciones refleja la polarización política en torno a la gestión de la migración en Canarias. Clavijo, en su defensa, subrayó que su Gobierno ha estado esperando durante meses una respuesta adecuada del Estado y que no se dejará llevar por la sumisión. La situación se complica aún más con la llegada de nuevos menores migrantes, lo que pone a prueba la capacidad de acogida de las islas y la coordinación entre las diferentes administraciones.
La gestión de los menores migrantes no acompañados en Canarias es un tema que requiere atención urgente y un enfoque colaborativo entre el Gobierno canario y el nacional. Con la presión del Tribunal Supremo y la creciente cantidad de solicitudes de asilo, es fundamental que ambas partes trabajen juntas para garantizar el bienestar de estos jóvenes y cumplir con sus derechos. La situación actual es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta España en materia de migración y la necesidad de una respuesta integral y humanitaria.
